Jonathan Lozada / San Miguel de Allende, Guanajuato.- Al encabezar la entrega de la documentación agraria que reconoce la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y moral de hacer justicia a los pueblos originarios, no sólo desde la ley, sino mediante acciones concretas construidas de la mano de las comunidades.

Durante el acto realizado en San Miguel de Allende, la mandataria subrayó que este reconocimiento representa la resolución pacífica de un conflicto agrario de más de 80 años y forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro. Señaló que el primer paso para la justicia social es el reconocimiento pleno de la tierra originaria, lo que hoy se materializa con la creación de este nuevo ejido.

Sheinbaum Pardo destacó que los Planes de Justicia responden a una visión de gobierno que va más allá del marco constitucional, al reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos y protagonistas de las decisiones que afectan su territorio y su desarrollo. En ese sentido, enfatizó que el reconocimiento agrario es resultado del consenso y del trabajo conjunto entre autoridades y comunidades.

Como parte del mismo plan, informó que se han impulsado acciones integrales como la recuperación de la Capilla del Puerto de Calderón; la construcción de cinco comedores escolares; la realización del Encuentro de Parteras en el Centro de Excelencia de Partería y Bienestar; la incorporación de 712 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la entrega de mil 123 apoyos de vivienda. Añadió que permanecen en proceso el decreto y catálogo de lugares sagrados, la restauración de capillas familiares, la regularización de la tenencia de la tierra, la dotación de agua potable y la ampliación de Caminos Artesanales, cuyo presupuesto se duplicará este año a nivel nacional.

La Presidenta recordó que fue a partir de la Cuarta Transformación cuando se reconocieron constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con la reforma aprobada en 2024, la cual se fortalecerá para garantizar presupuesto directo a las comunidades a través del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (FAISPIAM). En esta región, dicho fondo ha destinado 92.4 millones de pesos.

En el acto también se reconoció el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició los Planes de Justicia con una disculpa histórica al pueblo Yaqui. Sheinbaum Pardo resaltó este proceso como un parteaguas en la relación del Estado con los pueblos originarios y compartió un fragmento del libro Grandeza, en el que se subraya el papel central de estas comunidades en la identidad nacional.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que el Plan de Justicia ha implicado una inversión de 793.8 millones de pesos en beneficio de 119 mil habitantes de 111 comunidades indígenas. Entre las acciones más relevantes destacó la expropiación de 701 hectáreas para la protección de la Zona de Monumentos Arqueológicos Cañada de la Virgen, la construcción del Manantial La Victoria, obras de electrificación, caminos artesanales, casas de la lengua indígena, apoyos productivos y la operación del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar.

Durante el evento, la directora de teatro y dramaturga Jesusa Rodríguez reconoció la decisión del gobierno federal de colocar a los pueblos originarios como eje de su política pública, mientras que la delegada indígena Nadia Rodríguez Ramírez subrayó la importancia de que el desarrollo respete los cerros y tierras ancestrales. A nombre del ejido, Israel Ramírez González agradeció el reconocimiento oficial, al considerar que con ello se salda una deuda histórica con las comunidades indígenas de la región.