CIUDAD DE MÉXICO.– La presidencia de la República envió este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca tipificar la extorsión como delito de alto impacto, así como establecer una legislación uniforme en todo el país para sancionar esta conducta delictiva.

La propuesta será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación. El objetivo central es que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir una ley general que homologue tanto el tipo penal como las sanciones que deben aplicarse en casos de extorsión, dada la disparidad actual entre los estados.

En el documento enviado se reconoce que la extorsión ha escalado a niveles alarmantes y representa una amenaza no solo individual, sino también colectiva, al afectar el patrimonio, la salud emocional y psicológica de las personas, así como sectores clave de la economía nacional.

“Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”, señala la propuesta presidencial.

Además, el texto enfatiza que este delito ha sido adoptado como uno de los principales mecanismos de operación financiera de las organizaciones criminales, extendiendo su efecto no solo a víctimas particulares, sino también a comercios, empresas y cadenas económicas que se ven forzadas a operar bajo amenazas.

También se alerta sobre los intentos de grupos delictivos por influir en decisiones institucionales mediante amenazas directas a funcionarios públicos. En ese sentido, el gobierno advierte que:

“Emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado”.

El diagnóstico que acompaña la propuesta muestra un alarmante crecimiento de este delito: en 2018 se registraba un promedio diario de 18.89 casos de extorsión, cifra que aumentó a 29.77 en enero de 2025, es decir, un incremento de 57.62 por ciento en solo seis años.

Según los datos más recientes, el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran más del 60 por ciento de las víctimas de este ilícito, siendo el primero de ellos responsable de un 33.1 por ciento solo en enero de este año.

Como parte del articulado transitorio, se establece un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para que el Congreso expida la ley secundaria. Esta normativa deberá fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y establecer una política integral para enfrentar la extorsión, garantizar justicia a las víctimas y sancionar de manera eficaz a los responsables.