Ciudad de México – Este sábado entró en vigor en todo el país la reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” en el sector público, una medida que establece límites a las jubilaciones de altos funcionarios y busca destinar los ahorros generados a los Programas de Bienestar del gobierno federal.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y modifica el artículo 127 constitucional, estableciendo que ninguna pensión o jubilación de servidores públicos podrá superar la mitad de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal.

Con ello, se pretende eliminar los esquemas considerados excesivos que durante años beneficiaron a ex funcionarios que fueron altos mandos de organismos públicos, empresas estatales y fideicomisos gubernamentales.

La reforma contempla excepciones. Quedan fuera de esta medida las pensiones de las Fuerzas Armadas, los sistemas de ahorro individual financiados con aportaciones voluntarias, los esquemas sindicales complementarios y la pensión no contributiva establecida en la Constitución.

Autoridades federales han señalado que el objetivo central de esta reforma es reducir privilegios dentro del servicio público y fortalecer la equidad en el uso de recursos públicos.

Estimaciones oficiales indican que la eliminación de pensiones consideradas excesivas podría generar ahorros anuales cercanos a los 5 mil millones de pesos, recursos que serán canalizados a distintos programas sociales dirigidos a sectores vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos.

La reforma fue impulsada por el Ejecutivo federal y aprobada previamente por el Congreso de la Unión, además de recibir el respaldo de al menos 17 congresos estatales, requisito necesario para modificar la Constitución.

Tras cumplir con este proceso legislativo, el decreto entró en vigor un día después de su publicación oficial.

Como parte del proceso de implementación, el decreto establece que el Congreso federal y las legislaturas locales tendrán un plazo máximo de 90 días naturales para armonizar sus leyes con el nuevo marco constitucional.

Asimismo, las dependencias públicas deberán revisar contratos y disposiciones laborales para garantizar el cumplimiento del nuevo límite en las pensiones.

La entrada en vigor de esta reforma ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que representa un avance para combatir privilegios y fortalecer el gasto social, otros han expresado preocupación por la posible afectación a derechos adquiridos de jubilados que ya contaban con beneficios superiores al nuevo tope.

Con la puesta en marcha de esta medida, el gobierno federal busca consolidar un modelo de austeridad en el sector público y redirigir recursos hacia políticas sociales prioritarias, en un contexto donde el fortalecimiento de los Programas de Bienestar continúa siendo uno de los ejes centrales de la política pública nacional.