CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República abrió este miércoles la discusión del dictamen que modifica la Ley de Amparo, derivado de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta reforma, se busca ampliar el acceso ciudadano a este recurso jurídico, evitando que permanezca como un privilegio exclusivo de sectores de poder.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, recalcó que el amparo seguirá siendo “el dique protector de la ciudadanía ante los abusos y arbitrariedades del poder, pero se previene que no sea ya un instrumento exclusivo de las élites”. La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada previamente en comisiones con el respaldo de Morena y partidos aliados, mientras que la oposición la rechazó, pese a los cambios realizados en los puntos más polémicos.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que las modificaciones derivan de dos audiencias públicas en las que participaron especialistas, litigantes, académicos, colegios de abogados, magistrados y representantes del gobierno federal. “Nos aseguramos de que estuvieran presentes todas las visiones sobre el amparo, y no solamente las autoridades… sino fundamentalmente quienes las litigan, quienes las postulan en el derecho ante los tribunales”, subrayó.

Uno de los ajustes centrales se ubica en el artículo quinto, relativo al interés legítimo. La iniciativa presidencial había planteado facilitar el acceso al amparo en la defensa de derechos colectivos, pero tras el debate se precisó que la lesión jurídica puede ser individual o colectiva. Además, se eliminó la exigencia de que la afectación sea actual, reconociendo también casos inminentes o previsibles, y se quitó el requisito de que el beneficio sea directo, dejando en claro que puede derivar de la pertenencia a un grupo social.

Corral añadió que se preservó la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, lo que refuerza el cumplimiento de las sentencias de amparo. Por su parte, el senador Inzunza sostuvo que la reforma busca “garantizar el acceso a una justicia más ágil, efectiva y humanista, en sintonía con los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos que ha suscrito el país”.

Otra de las novedades está en el apartado de suspensión del juicio de amparo, con el propósito de impedir que sea utilizado para mantener privilegios indebidos o prácticas contrarias a la ley. La oposición, encabezada por Movimiento Ciudadano, intentó frenar el proceso mediante una moción suspensiva, presentada por Clemente Castañeda, pero fue desechada, dando paso a la presentación de posturas por parte de cada grupo parlamentario.

Con esta discusión, el Congreso avanza en la redefinición de la Ley de Amparo, considerada una herramienta clave en la protección de los derechos humanos en México y que ahora busca responder también a demandas de carácter colectivo.