REDACCIÓN.- La Secretaría de Gobernación (Segob) destinará hasta 520 millones de pesos entre 2025 y 2028 para modernizar el Registro Nacional de Población (Renapo), como parte de la implementación de la CURP biométrica, la cual se convertirá en el principal medio de identificación ciudadana a nivel nacional.

De acuerdo con una licitación pública publicada en el portal ComprasMX, el proyecto contempla la contratación de una empresa que se encargue de administrar y operar los servicios de cómputo del Renapo. Esta firma tendrá a su cargo la gestión de las bases de datos de la CURP biométrica y del registro civil, la migración de información, así como la aplicación de medidas avanzadas de seguridad informática.

El contrato abarca desde este año hasta los primeros meses de 2028. Según el cronograma financiero, se prevé un gasto máximo de 50 millones de pesos para lo que resta de 2025, seguido de 210 millones en 2026, una cifra igual en 2027 y 50 millones más en los dos primeros meses de 2028. El monto mínimo comprometido es de 350 millones de pesos.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la seguridad de la información. Por ello, se exige que la empresa adjudicada cuente con personal altamente especializado en sistemas operativos UNIX, Linux y Windows, virtualización de servidores, respaldo y recuperación de datos, administración de bases de datos, gestión de riesgos, monitoreo de infraestructura y protección de datos personales.

La CURP biométrica, como keyphrase central del proyecto, debe gestionarse bajo estrictos lineamientos de confidencialidad. Además, se solicita a la empresa informar detalladamente sobre los trabajadores asignados, así como presentar sus certificaciones técnicas.

Otro punto destacado es la incorporación de inteligencia artificial como medida de ciberseguridad. Esta tecnología deberá aplicarse para anticipar posibles ataques, detectar accesos no autorizados y analizar patrones de conexión de bots o máquinas.

Actualmente, ya se lleva a cabo una fase piloto de la CURP biométrica en la Ciudad de México y el Estado de México, tras la publicación del decreto que formaliza esta medida. Se espera que la implementación nacional inicie en los primeros meses de 2026.

El fallo de la licitación se dará a conocer el próximo 3 de septiembre, luego de evaluar las propuestas técnicas y económicas recibidas por la Segob.