CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que, como parte de los Planes de Justicia impulsados por el gobierno federal, se lograron restituir 9 mil hectáreas a pueblos originarios en diversas regiones del país. Este proceso de recuperación territorial responde al compromiso de la titular del Ejecutivo federal de atender demandas históricas relacionadas con tierra y autonomía.

Según la dependencia dirigida por Edna Vega Rangel, cinco comunidades de tres pueblos indígenas resultaron beneficiadas. El Pueblo Wixárika, eje central de los Planes de Justicia y keyphrase esencial, recibió más de cinco mil 956 hectáreas; el Pueblo Tarahumara obtuvo tres mil y el Pueblo Ódami recuperó más de 500. Con ello se avanza en la reparación de daños derivados de décadas de despojo.

Los Planes de Justicia abarcan a los pueblos Wixárika de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango; así como a la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde habitan los pueblos Rarámuri, Ódami, Oichkama y Warijó. También incluyen a los pueblos Yoreme Mayo y Yaqui en Sonora; Chichimeca Otomí en Guanajuato y Querétaro; Chinanteco y Mazateco en Veracruz; P’urhépecha en Michoacán; comunidades de la Montaña de Guerrero; y a los pueblos Yumano y Cochimí en Baja California.

La Sedatu subrayó que cinco comunidades obtuvieron finalmente el reconocimiento de su territorio ancestral luego de décadas de conflicto agrario. La dependencia también desarrolla procesos de conciliación para avanzar en nuevas restituciones, entre ellas la comunidad Mala Noche del Pueblo Ralámuli y el Pueblo Yaqui mediante la enajenación colectiva de terrenos nacionales.

Para 2026 se prevé continuar con la restitución hacia San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, del Pueblo Wixárika, así como a Cruz del Palmar en el marco del Plan de Justicia Chichimeca. Estos avances permitirán que las comunidades administren y protejan sus territorios conforme a sus sistemas normativos.

Sedatu mantiene coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal para garantizar certeza jurídica. Estas instituciones ejecutan nueve Planes de Justicia y Desarrollo Regional destinados a pueblos indígenas y afromexicanos.