CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, solicitó al gobierno federal una actualización de su deuda con el SAT, al mismo tiempo que anunció su intención de liquidarla en un plazo de 10 días, sin reconocer completamente la magnitud real de sus compromisos fiscales.

Durante su cumpleaños número 70 en la Arena Ciudad de México, el empresario presentó documentos que, según su versión, respaldan pagos parciales y acuerdos previos con autoridades fiscales. No obstante, las cifras ofrecidas, 7 mil 600 millones de pesos, se encuentran muy por debajo de los 74 mil millones estimados por el gobierno federal como deuda acumulada, de los cuales 48 mil millones se encuentran en fase final de litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La procuradora fiscal Grisel Galeano destacó que estas acciones evidencian discrepancias significativas entre lo declarado por Salinas Pliego y los registros oficiales.

“Queremos pagar. Hoy estamos publicando dos documentos: el primero un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días”, afirmó el empresario, intentando proyectar una disposición al cumplimiento, aunque analistas señalan que la estrategia podría retrasar la resolución del monto exacto adeudado.

Expertos fiscales destacan que la postura adoptada por Salinas Pliego refleja la complejidad de las negociaciones tributarias cuando existen grandes montos involucrados y acuerdos previos que no fueron respetados. Si bien la intención de cumplir es declarada públicamente, la diferencia entre lo ofrecido y la deuda real subraya la necesidad de supervisión rigurosa y de procesos claros por parte del SAT y del gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que el cumplimiento tributario es obligatorio para todos los contribuyentes y que ninguna figura empresarial puede condicionar los procesos legales. Este caso refuerza la estrategia del gobierno de garantizar transparencia, equidad y justicia fiscal, manteniendo la integridad de los recursos públicos.