Monterrey, Nuevo León – El pasado martes 27 de mayo, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una denuncia formal ante la FGR de Nuevo León contra el gobernador, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, un hecho que abrió el debate y puso en velo las acciones de Samuel durante su adminstración.

Anabel Alcocer Cruz, diputada presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Nuevo León, organizó una conferencia de prensa donde denunció al gobernador por el presunto uso de recursos públicos para promover su imagen.

De acuerdo a sus palabras, Samuel García habría realizado triangulación por 1,400 millones de pesos, un gasto que excede lo declarado ante el SAT.

Anabel Alcocer reiteró que los hechos denunciados son graves, porque podrían implicar el desvío de recursos públicos federales y estatales para fines distintos a los autorizados por la ley y como lo contempla el Código Penal de la Federación en su artículo 223, el cual define el delito de peculado, que ocurre cuando un servidor público utiliza o distrae recursos, dinero o bienes del Estado para su beneficio personal o de terceros.

Además, Morena denunció que la financiación no solo habría salido de fondos federales, sino que estarían involucradas empresas extranjeras.

Se reconoció que dentro de la financiación, se encontraron a dos empresas que están en Texas y que en una de ellas, el socio es el primo del secretario general de gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

Todo esto, motivó al partido político a presentar una denuncia ante la FGR.

“Realicen una investigación seria, objetiva y exhaustiva, lleven a cabo el esclarecimiento de estos hechos y que en caso de acreditarse responsabilidades se actúe conforme a derecho sin privilegios y sin distinción alguna”, adjudicó.

Por su parte, Alejandro Murat, senador y delegado de Morena en Nuevo León, manifestó que en este asunto se presume el delito de peculado el de acuerdo con el artículo 223.

“Lo que queremos es que sea la fiscalía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tienen las facultades, las que pueda confirmarle a la ciudadanía si esto es verídico. La trazabilidad financiera una vez que entra el sistema financiero nacional o internacional pues es posible, y queremos asegurarnos de que si eso sucedió pues haya una sanción, y si no, bueno que se le aclare a la ciudad”, terminó.