CIUDAD DE MÉXICO.- En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió sus puertas a personas con discapacidad para escuchar sus demandas sobre el derecho a la consulta antes de aprobar leyes que los afecten directamente. La primera de tres jornadas de audiencias públicas reunió a más de 30 participantes, entre integrantes de asociaciones civiles, académicos y ciudadanos, ante ocho ministros que escucharon sus intervenciones durante cuatro horas y media.

Los asistentes coincidieron en rechazar el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama en la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. La propuesta establece que no es necesario invalidar automáticamente leyes por falta de consulta previa, incluso si amplían los derechos de las personas con discapacidad.

Saori Beatriz Pérez Milo, quien vive con autismo, advirtió que la propuesta de Batres elimina la obligación de consultar al sector antes de legislar, excluyéndolos nuevamente de decisiones sobre su propia vida y contraviniendo el artículo 4, párrafo 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “La consulta es un derecho, no una opción”, expresó. Añadió que la participación política del sector suele limitarse a la imagen pública: “Para las fotos y los votos todos aman el autismo y cualquier tipo de discapacidad, pero cuando se trata de garantizar derechos desaparecemos de las mesas de decisión. Lo mismo ocurre cada vez que se utiliza a las personas con discapacidad para la conveniencia pública, mientras el resto del año somos invisibles para el Estado”.

La audiencia contó con la participación de personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, apoyadas por intérpretes de lengua de señas, de manera presencial y por videollamada. Ángel Ibarra Jasso advirtió sobre los riesgos de la propuesta de Batres, que limita la impugnación de normas a cuando lo soliciten al menos 15 personas directamente afectadas: “Esta parte de que solamente las personas con discapacidad puedan firmar o no acerca de una acción de inconstitucionalidad se me hace un poco peligroso por la persecución política que pueda existir acerca de si firmas, si no firmas, qué pasa”.

La socióloga Patricia Claudia Brogna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, enfatizó la obligación de los congresos de garantizar mecanismos de consulta inclusivos, considerando lenguas indígenas y distintas capacidades. Señaló que el proyecto de la ministra Batres podría trasladar la carga de la prueba a las personas con discapacidad y organizaciones, obligándolas a revisar leyes y solicitar acciones legales para proteger sus derechos.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió a los participantes centrarse en el debate principal y aclaró que la audiencia no equivale a una consulta vinculante, ya que es el Legislativo y el Ejecutivo quienes deben garantizar estos procesos, recordando la distinción entre escuchar opiniones y cumplir con la obligación legal de consultar.