Ciudad de México – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió invalidar la auditoría que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero realizó al Ayuntamiento de Acapulco sobre el manejo de 898.6 millones de pesos de recursos federales, al determinar que dicho órgano estatal carece de facultades constitucionales para fiscalizar fondos de origen federal.

Con esta decisión, el máximo tribunal dio la razón jurídica a la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aunque dejó en claro que la investigación sobre el destino de esos recursos continúa vigente por la vía federal.

El fallo fue emitido al resolver una controversia constitucional promovida por el municipio de Acapulco, mediante la cual impugnó la auditoría practicada por la ASE respecto a recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercidos durante la Cuenta Pública 2023.

Los ministros concluyeron que, de acuerdo con la Constitución, la única autoridad con competencia para revisar el uso de recursos federales por parte de estados y municipios es la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, sostuvo que la resolución no analiza el destino ni la legalidad del ejercicio de los recursos públicos, sino únicamente determina cuál es la autoridad competente para llevar a cabo la fiscalización. En consecuencia, la Corte declaró inválido el informe individual de auditoría elaborado por la ASE, así como el oficio mediante el cual ese órgano requirió información al Ayuntamiento de Acapulco.

Durante la discusión, los ministros enfatizaron que la decisión no representa una exoneración para la administración municipal ni impide que los recursos sean revisados. Por el contrario, precisaron que cualquier posible irregularidad relacionada con los casi 899 millones de pesos podrá ser investigada por la Auditoría Superior de la Federación, instancia constitucionalmente facultada para fiscalizar el manejo de recursos federales.

El ministro ponente explicó que la resolución responde a un criterio de competencia establecido por la Constitución y por precedentes recientes del propio máximo tribunal.

“No se exime ningún tipo de fiscalización de los recursos federales por parte del municipio actor ni se pronuncia sobre el fondo de su manejo; resuelve únicamente cuál es la autoridad constitucionalmente competente para revisarlos”, señaló durante la sesión pública.

La auditoría invalidada tenía como propósito revisar la aplicación de 898 millones 633 mil 453 pesos del FAISMUN destinados al municipio de Acapulco. La negativa del Ayuntamiento para entregar la información solicitada por la ASE derivó en un procedimiento administrativo que ahora queda sin efectos debido a que la Corte determinó que dicho órgano estatal actuó fuera del ámbito de sus atribuciones constitucionales.

El fallo representa un triunfo jurídico para Abelina López, quien sostuvo desde el inicio del conflicto que la Auditoría Superior del Estado no tenía competencia para revisar recursos federales.

Sin embargo, la resolución también deja claro que la fiscalización de esos fondos no desaparece, sino que deberá continuar a través de la Auditoría Superior de la Federación, la única instancia facultada para determinar si existieron irregularidades, responsabilidades administrativas o posibles daños al erario federal.