Ciudad de México – El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para endurecer las sanciones contra empresas que realicen llamadas, mensajes u otros contactos con fines comerciales o publicitarios de manera reiterada y persistente sin autorización de los consumidores.

El dictamen fue avalado el 7 de octubre de 2026 con 96 votos a favor y ninguno en contra y fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Por ello, las nuevas multas todavía no están vigentes y deberán cumplirse las siguientes etapas legislativas antes de convertirse en una disposición aplicable.

La reforma plantea modificar los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El cambio establece que proveedores y empresas no podrán utilizar llamadas telefónicas, mensajes electrónicos u otros medios no autorizados para contactar de forma reiterada y persistente a las personas con objetivos de mercadotecnia o publicidad.

Uno de los principales cambios se encuentra en las sanciones. El dictamen contempla multas de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con las llamadas comerciales no autorizadas.

La iniciativa fue impulsada por la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón, quien argumentó que los consumidores deben tener un control efectivo sobre el uso de sus datos y la posibilidad real de rechazar publicidad que no desean recibir.

La propuesta también busca evitar que las empresas se deslinden de responsabilidad cuando recurran a terceros, como agencias o centros de llamadas, para realizar las campañas comerciales.

El proyecto mantiene el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden manifestar que no desean recibir publicidad y establece que las empresas deberán respetar esa decisión. Además, contempla que los proveedores que sean beneficiarios de la publicidad sean corresponsables del manejo de la información de los consumidores cuando los contactos se realicen mediante terceros.

Durante la discusión se destacó que México se encuentra entre los países con mayor número de llamadas no deseadas. El dictamen cita estimaciones de 20 a 25 llamadas spam por usuario al mes, situación que, además de representar una molestia, puede incrementar la exposición de las personas a posibles fraudes y afectar su privacidad.

La reforma representa un endurecimiento considerable de las consecuencias económicas para las empresas que incurran en estas prácticas. Sin embargo, todavía no constituye una nueva obligación vigente, pues corresponde ahora a la Cámara de Diputados analizar la minuta y, en su caso, aprobarla para que posteriormente continúe el procedimiento constitucional correspondiente.