Ciudad Juárez, Chihuahua – Un tribunal del Distrito Judicial Bravos dictó una sentencia de 845 años y 10 meses de prisión contra cuatro integrantes de una banda dedicada al secuestro de personas migrantes en Ciudad Juárez, en un fallo considerado histórico por las autoridades de Chihuahua debido a la gravedad de los delitos y el número de víctimas involucradas.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó que los sentenciados fueron identificados como Jesús Tomás C. S., Oswaldo P. M., Lilia Estefani C. P. y Diana Michell S. V., quienes fueron encontrados culpables de secuestro agravado en perjuicio de 13 personas en situación de movilidad, además de delitos contra la salud.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron en junio de 2024, cuando las víctimas, originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras, entre ellas dos menores de edad, fueron privadas de la libertad y mantenidas cautivas en un inmueble ubicado en la colonia Barrio Nuevo, en Ciudad Juárez.

Durante su cautiverio, los migrantes fueron sometidos a agresiones físicas y psicológicas mientras sus captores exigían fuertes sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

La Fiscalía detalló que los delincuentes realizaban videollamadas y enviaban amenazas a los familiares de las víctimas para presionarlos a pagar rescates que alcanzaban hasta los 29 mil dólares por persona. Parte de estos pagos se concretó mediante depósitos bancarios antes de que las autoridades lograran intervenir.

El rescate de las víctimas se llevó a cabo el 11 de junio de 2024 mediante un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigación, que permitió liberar a los migrantes y detener a los responsables.

Durante la intervención también fueron aseguradas armas de fuego y diversas dosis de droga en el inmueble utilizado por la organización criminal.

Tras el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaban plenamente la responsabilidad penal de los acusados, imponiéndoles la condena de 845 años y 10 meses de prisión.

La FGE destacó que la sentencia representa un precedente importante en el combate a los delitos que afectan a las personas migrantes, uno de los sectores más vulnerables en la frontera norte del país.