Ciudad de México – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que establece nuevas reglas sobre la nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación establece que quienes busquen alguno de estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y, en caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. La reforma no elimina el derecho de los mexicanos a tener doble o incluso múltiples nacionalidades; la restricción se concentra en quienes pretendan ocupar los principales cargos ejecutivos del país y de las entidades federativas.

El decreto fue firmado después de que la reforma constitucional superara el procedimiento establecido para modificar la Carta Magna. El Congreso de la Unión realizó el cómputo de aprobación de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, con 22 congresos locales que avalaron la modificación. Con ello, se emitió la declaratoria de constitucionalidad y el decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su promulgación.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El artículo 82 corresponde a los requisitos para ocupar la Presidencia; el 116 establece disposiciones relacionadas con los gobiernos estatales, mientras que el 122 regula aspectos de la Ciudad de México.

Uno de los cambios centrales consiste en establecer que quienes aspiren a la Presidencia deberán no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si cuentan con una nacionalidad adicional, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

La nueva disposición también establece restricciones durante el ejercicio del cargo. Quien ocupe la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera ni acogerse a la protección diplomática de otro país.

El cambio fue impulsado por Sheinbaum con el argumento de que quienes gobiernen deben colocar por encima de cualquier otro interés la soberanía y los intereses de México. Cuando presentó originalmente la iniciativa, en agosto pasado, la presidenta sostuvo que la finalidad era garantizar que quienes ocuparan estos cargos tuvieran como interés superior al país y evitar posibles conflictos derivados de una segunda nacionalidad.

La presidenta también ha aclarado que la reforma no impide que cualquier mexicano conserve una doble nacionalidad. Una persona puede seguir teniendo la nacionalidad mexicana y otra extranjera; sin embargo, si desea competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, deberá cumplir con el requisito de nacionalidad única establecido en la reforma.

Otro aspecto relevante es que la medida no tendrá efectos para las elecciones inmediatas. De acuerdo con el régimen transitorio, las nuevas reglas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que esta disposición busca evitar cambios a las reglas electorales cuando un proceso electoral ya se encuentra en marcha.

La reforma también contempla que el Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral, mientras que las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y normas electorales. Estos ajustes tendrán que establecer los procedimientos concretos para acreditar la renuncia a una segunda nacionalidad y cumplir con los nuevos requisitos antes del registro de las candidaturas.

El cambio representa una modificación relevante al régimen constitucional de acceso a los principales cargos ejecutivos del país. A partir de 2028, quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a encabezar el Gobierno de la Ciudad de México deberán acreditar que únicamente conservan la nacionalidad mexicana, conforme a las nuevas disposiciones constitucionales.