Jonathan Lozada.– La presidenta Claudia Sheinbaum envió este martes una iniciativa de reforma constitucional que permitiría al Estado mexicano asumir la responsabilidad de perseguir de oficio el delito de extorsión, sin que la denuncia recaiga exclusivamente en la víctima. La propuesta busca reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la Extorsión aplicable en todo el país.

“Cuando hay una denuncia de extorsión, el objetivo es que se persiga de oficio. Eso significa que la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”, explicó la jefa del Ejecutivo durante su conferencia matutina.

La mandataria subrayó que esta medida forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que arrancó formalmente el pasado domingo 6 de julio con la habilitación del número 089 como línea única de denuncia anónima. A partir de estas llamadas, las unidades estatales y federales antisecuestro, ahora también enfocadas en extorsión, inician procesos de investigación.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la iniciativa busca homologar la legislación en todo el país para cerrar el paso a la impunidad en un delito que afecta a millones de mexicanos, especialmente a pequeños comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes. “Lo importante es que una persona que sufre una extorsión sepa que estamos ahí para apoyar. Están todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia trabajando para erradicar este delito”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la estrategia federal se basa en varios ejes: la denuncia anónima a través del 089; la cancelación inmediata de líneas telefónicas usadas para extorsionar; la apertura de carpetas de investigación en fiscalías estatales ante denuncias presenciales; el despliegue de células de inteligencia en zonas identificadas con alta incidencia; y la intervención de las unidades antisecuestro para atender también casos de extorsión.

Además, el funcionario destacó que la implementación de esta estrategia fue posible gracias a reformas previas a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, lo que permite articular esfuerzos a nivel nacional.

Con esta reforma constitucional, el gobierno busca no solo brindar mayor protección a las víctimas, sino también debilitar las estructuras criminales que se benefician de este delito. La propuesta será turnada a la Cámara de Diputados y, de ser aprobada, obligará a las entidades federativas a armonizar sus leyes locales con la nueva legislación general.