Ciudad de México – La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre diversos casos de personas mexicanas fallecidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios en Estados Unidos entre 2025 y 2026, así como las acciones diplomáticas emprendidas por el gobierno mexicano en seguimiento a estos hechos.

De acuerdo con la información presentada en la Mañanera del Pueblo del miércoles 23 de marzo, los casos se han registrado en distintos estados del país vecino, entre ellos California, Georgia, Arizona, Texas, Florida, Missouri e Illinois. En total, se documentan fallecimientos de personas mexicanas con edades que oscilan entre los 19 y 69 años, lo que refleja que los incidentes han afectado a un rango amplio de población.

Respecto a las causas de muerte reportadas, la SRE indicó que seis casos están asociados a complicaciones médicas, cuatro a suicidios, dos a situaciones derivadas de operativos y uno a un tiroteo. Estas cifras forman parte de los datos recabados por las autoridades mexicanas en coordinación con instancias estadounidenses, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre cada caso en particular.

En materia de apoyo a las familias, la dependencia señaló que en cinco casos se otorgó apoyo económico para la repatriación de los restos, con un monto total de 22,288.34 dólares. Asimismo, se precisó que seis personas fueron sepultadas en Estados Unidos y que en dos casos no se solicitó apoyo económico. También se reportó que en al menos un caso no fue posible localizar a los familiares, lo que impidió brindar asistencia legal o consular.

En el ámbito jurídico, la SRE informó que existen diversas acciones en curso relacionadas con estos fallecimientos. De acuerdo con los datos oficiales, se han presentado dos demandas legales, mientras que cuatro casos se encuentran en proceso de integración de expediente. Además, tres más están en análisis jurídico preliminar y otros tres se encuentran en valoración por parte de las familias de las víctimas. Estas cifras reflejan el estado actual de los procesos legales, sin que se hayan detallado avances específicos o resoluciones en cada uno de ellos.

En cuanto al tipo de representación legal, la cancillería indicó que cinco casos cuentan con el acompañamiento de programas de la propia SRE, mientras que en cuatro se ha optado por representación privada. El resto de los casos presenta distintas condiciones, incluyendo aquellos en los que aún no se ha definido la vía legal a seguir o no se ha logrado establecer contacto con familiares.

Como parte del seguimiento institucional, la SRE dio a conocer que se han enviado 14 comunicaciones diplomáticas a Estados Unidos en relación con estos casos. De estas, se han recibido 12 respuestas por parte de autoridades estadounidenses. Sin embargo, la dependencia no proporcionó detalles sobre el contenido de dichas respuestas, ni sobre posibles medidas adoptadas o conclusiones derivadas de las mismas.

Únicamente se informó que, a partir de estos intercambios, se ha notificado la apertura de investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE. No obstante, no se precisaron los alcances de estas indagatorias, su estado actual ni los posibles resultados que podrían derivarse de ellas.

La SRE reiteró que estas comunicaciones forman parte de los mecanismos diplomáticos utilizados por el Estado mexicano para dar seguimiento a situaciones que involucran a sus connacionales en el extranjero, especialmente cuando existen señalamientos de posibles irregularidades o vulneraciones a derechos.

Asimismo, la dependencia subrayó que continuará brindando asistencia consular a las familias afectadas y dará seguimiento a los procesos legales en curso, en coordinación con autoridades estadounidenses cuando sea necesario. No obstante, por el momento se mantiene sin difusión pública el contenido específico de las respuestas recibidas a las notas diplomáticas enviadas.

Finalmente, la cancillería indicó que se continuará utilizando la vía diplomática para atender estos casos y dar seguimiento a las investigaciones en curso, manteniendo como prioridad la atención a las familias y el acompañamiento en los procesos correspondientes.