Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) adscritos al Vigésimo Circuito se manifestaron mediante un paro de labores en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, en rechazo al acuerdo general del Órgano de Administración Judicial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual norma los nuevos esquemas de evaluación para el personal de la carrera judicial.

Los manifestantes expresaron su temor a que los exámenes se traduzcan en despidos masivos de oficiales judiciales, actuarios y secretarios que cuentan con trayectorias de hasta tres décadas en el servicio público.

El origen del conflicto: mecanismos y calendario de evaluación

De acuerdo con lo expuesto por Aldo Reyes Marroquín, representante del Comité de Defensa de los Trabajadores del Vigésimo Circuito, el descontento radica en que la Ley de Carrera Judicial contempla que la no aprobación de estas pruebas deriva en la separación del cargo sin responsabilidad para la institución.

1. Primera etapa (diagnóstica): Programada entre finales de noviembre y diciembre del presente año. No tendrá efectos punitivos ni consecuencias laborales inmediatas.
2. Segunda etapa (vinculante): Proyectada para el siguiente ciclo anual, en la cual los resultados no satisfactorios facultarán al órgano patronal para dar por terminada la relación de trabajo.

Desigualdad de parámetros y reclamos de la plantilla

Los manifestantes destacaron la inequidad en los criterios de medición respecto a los jueces y magistrados electos, a quienes se les pondera a partir de los niveles de productividad global de sus órganos jurisdiccionales.

• Violación a transitorios constitucionales: La representación sindical recordó que el artículo décimo transitorio de la reforma judicial de septiembre de 2024 comprometió expresamente la salvaguarda integral de los derechos y puestos de la plantilla laboral de base.
• Modalidad de la protesta: La jornada se desarrolló sin el cierre físico de los inmuebles ni el bloqueo de accesos a los usuarios, manteniendo la atención a trámites urgentes.

En el estado de Chiapas operan cerca de 1,000 trabajadores del PJF —500 de ellos concentrados en la capital— repartidos entre las sedes de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Tapachula y la Defensoría Pública de San Cristóbal de Las Casas.

La dirigencia local busca coordinar acciones con representaciones de los otros 31 circuitos judiciales del país para homologar las exigencias de certidumbre laboral.