CIUDAD DE MÉXICO.– El gobierno federal confirmó que el reciente envío de 26 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos se realizó bajo el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y no por la Ley de Extradición. Los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacaron que la decisión respondió a “interés nacional” y fue avalada por el Consejo de Seguridad Nacional.

El artículo mencionado considera amenazas a la seguridad nacional los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Según los funcionarios, la medida busca frenar operaciones criminales que los reclusos continuaban dirigiendo desde prisión, aprovechando las visitas que recibían. “Eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación”, afirmó García Harfuch.

Gertz Manero precisó que el acuerdo con la justicia estadounidense incluye la garantía de que ninguno de los 55 capos enviados en dos traslados —el primero en febrero y el segundo el martes pasado— recibirá la pena de muerte. Entre los entregados se encontraban ex líderes de La Familia Michoacana, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, algunos con amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o con litigios para obtener liberación anticipada.

Los 26 trasladados estaban recluidos en cinco penales federales y cuatro estatales, con órdenes de extradición vigentes y procesos abiertos en Estados Unidos por delitos de alto impacto como tráfico de personas, homicidio, narcotráfico, lavado de dinero, portación de armas y delincuencia organizada.

La entrega se efectuó en cuatro puntos: Nueva York; San Diego, California; Phoenix, Arizona; y Dulles, Virginia. Gertz Manero recalcó que la medida “va dirigida a toda la delincuencia que opera contra dos países” y se sustenta en la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo.