Ciudad de México – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión integral del proceso de contratación de la empresa Territorium Life, responsable de la plataforma utilizada para el examen de ingreso a licenciatura 2026, luego de las irregularidades detectadas durante la aplicación de la prueba en línea.

“Esta solicitud tiene como finalidad evaluar la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio prestado, a fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora”, solicitó el rector a través de un oficio con fecha del 4 de agosto de 2025 y dirigido Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.

De acuerdo con información oficial y documentos de transparencia, el contrato firmado con Territorium Life contemplaba un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos, dependiendo del número de evaluaciones realizadas durante 2026.

Diversos reportes señalan que, hasta ahora, la universidad ha realizado pagos por alrededor de 69 millones de pesos derivados de la ejecución del contrato.

El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, informó que además de la auditoría solicitada a la ASF, la institución contratará a una empresa especializada para efectuar una auditoría tecnológica independiente a la plataforma utilizada durante el examen.

El objetivo es determinar si existieron fallas en los sistemas de seguridad, vulneraciones informáticas o incumplimientos contractuales por parte del proveedor.

Territorium Life ha rechazado que la plataforma haya presentado fallas y aseguró que el sistema operó conforme a las especificaciones contratadas.

La empresa sostuvo que la integridad de una evaluación de alta demanda no depende únicamente de la infraestructura tecnológica, sino también de los mecanismos de seguridad académica implementados por la institución educativa, por lo que solicitó una audiencia con la comisión técnica creada por la UNAM para exponer su versión de los hechos.

La Auditoría Superior de la Federación revisará ahora la legalidad y transparencia del procedimiento de contratación, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.