Caracas, Venezuela – El Gobierno de Venezuela anunció el inicio del proceso formal para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), al notificar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal con sede en La Haya.

Caracas argumentó que la Corte ha actuado con un “sesgo geográfico” al concentrar de manera desproporcionada sus investigaciones en países de África y América Latina, en detrimento de las naciones del llamado Sur Global.

El canciller venezolano, Félix Plasencia, informó que la decisión fue instruida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y comunicada oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el gobierno sostuvo que la actuación de la CPI ha sido “instrumentalizada” para profundizar las desigualdades entre los pueblos, vulnerar la soberanía de los Estados y servir a intereses ajenos a la justicia internacional.

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto de Roma, la salida de Venezuela no tendrá efectos inmediatos. El retiro será efectivo un año después de que la notificación sea recibida por la ONU, periodo durante el cual el país continuará obligado a cooperar con las investigaciones y procedimientos iniciados mientras aún era Estado Parte del tratado. Esto significa que la investigación abierta por la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela seguirá su curso pese a la decisión anunciada por Caracas.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene desde 2021 una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, entre ellos denuncias por tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y violencia sexual atribuidas a agentes del Estado.

El gobierno venezolano ha rechazado reiteradamente esas acusaciones y sostiene que las instituciones nacionales cuentan con capacidad para investigar y sancionar cualquier delito, por lo que considera improcedente la intervención del tribunal internacional.

La decisión ha generado reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en derecho internacional, quienes advirtieron que la denuncia del Estatuto de Roma no extingue la competencia de la CPI sobre hechos ocurridos mientras Venezuela formó parte del tratado. Recordaron además que existe el precedente de Filipinas, país que abandonó la Corte en 2019, pero cuyas investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad continuaron al considerar que los hechos denunciados ocurrieron cuando aún era miembro del organismo.

Con este anuncio, Venezuela pone fin a más de dos décadas como Estado Parte del Estatuto de Roma, del que fue uno de los países fundadores.