FERNANDO GAMBOA.- Estados Unidos refuerza su estrategia antidrogas con operaciones militares directas; Venezuela rechaza acusaciones por presuntos vínculos con el narco

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a emplear fuerzas militares contra ciertos cárteles del narcotráfico, a los que su administración designó como organizaciones terroristas. Así lo reveló el diario The New York Times, al señalar que esta medida representa el paso más agresivo del exmandatario en su cruzada contra el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo.

Con esta orden, Trump sentó las bases para llevar a cabo operaciones militares en altamar o incluso en territorios extranjeros, con el objetivo de desarticular a los grupos criminales señalados. De acuerdo con fuentes consultadas por el rotativo, funcionarios del Departamento de Defensa ya comenzaron a evaluar posibles estrategias de intervención directa.

La decisión, sin embargo, ha desatado inquietudes en torno a su legalidad. Las fuentes señalaron que el uso de la fuerza militar sin la autorización expresa del Congreso podría derivar en situaciones delicadas, como la posibilidad de que se considere “asesinato” si soldados estadounidenses llegan a matar a civiles durante estas acciones, incluso si se trata de sospechosos que no representen una amenaza inminente.

Hasta el momento, se desconoce si los equipos jurídicos de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado han emitido alguna opinión formal sobre los alcances legales de esta directiva. También se ignora si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha intervenido en la evaluación de sus implicaciones.

Consultada sobre el tema, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró: “La mayor prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz decisión de designar a varios carteles y bandas extranjeras como organizaciones terroristas”.

El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios respecto a esta información.

Este giro en la estrategia de seguridad se conoció un día después de que la administración Trump duplicara de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Washington lo acusa de presuntos vínculos con el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa, ambos etiquetados como grupos terroristas por el gobierno estadounidense, aunque no ha presentado pruebas públicas que respalden esta acusación.

En respuesta, el gobierno venezolano calificó estas acciones como una “burda operación de propaganda” y acusó a Estados Unidos de planear “tramas terroristas” contra su territorio desde hace años.

Esta nueva fase en la política antidrogas de Estados Unidos, ahora con participación militar directa, plantea una serie de interrogantes legales y diplomáticos, sobre todo por su posible impacto en la soberanía de otros países y en las relaciones internacionales, particularmente con América Latina.