WASHINGTON, D.C. – Mientras diversas instituciones públicas en Estados Unidos enfrentan recortes por el regreso de Donald Trump a la presidencia, las compañías privadas que operan cárceles para migrantes viven un auge sin precedentes, gracias a contratos millonarios con el gobierno federal.

De acuerdo con Detention Watch Network, este crecimiento responde al impulso de Trump a la política migratoria punitiva. “Las empresas de prisiones privadas han estado muy entusiasmadas desde noviembre pasado ante la perspectiva de ganar miles de millones de dólares a expensas de todos los estadunidenses”, advirtió Stacy Suh, directora de la organización.

Las dos mayores beneficiadas, Geo Group y CoreCivic, no sólo han obtenido contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sino que también fueron generosos donantes de la campaña de Trump, aportando en conjunto más de 2.7 millones de dólares a su candidatura y eventos de investidura.

Detención migratoria, negocio en expansión

El presupuesto del ICE en 2025 asciende a 45 mil millones de dólares, una cifra récord. Estas condiciones han disparado las acciones de las compañías: CoreCivic duplicó su valor bursátil en una semana tras las elecciones, mientras Geo Group también reportó alzas considerables.

Actualmente, 86% de las personas migrantes detenidas se encuentran en instalaciones privadas, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC). Bajo la administración Trump, las detenciones han aumentado 54%, alcanzando más de 60 mil personas privadas de su libertad en centros migratorios.

Sin embargo, la opinión pública está en desacuerdo. Una encuesta realizada por Prolific reveló que sólo 6% de la población estadounidense apoya que estas instalaciones estén bajo control privado.

Contratos sin competencia

Documentos oficiales indican que ICE planea más que duplicar su capacidad de detención para enero de 2026, pasando de 50 mil a más de 107 mil espacios, mediante la apertura de 125 instalaciones nuevas. Algunos contratos, como el de la reapertura del centro de Leavenworth por parte de CoreCivic, se adjudicaron sin licitación pública bajo el argumento de emergencia nacional.

Geo Group y CoreCivic han recibido este año contratos por más de mil millones de dólares. Sólo en 2025, Geo Group ha obtenido 353.5 millones, mientras CoreCivic ha recibido 148 millones. Otro contratista clave es CSI Aviation, responsable de vuelos de deportación, con 313 millones adjudicados.

Un portavoz de CoreCivic afirmó que no tienen injerencia en arrestos ni deportaciones, aunque reconoció que las políticas actuales representan oportunidades de expansión. Geo Group, por su parte, sostuvo que sus instalaciones “nunca están abarrotadas”, aunque registros del ICE contradicen esta afirmación: en el centro Pine Prairie de Luisiana se reportaron más de mil 300 detenidos pese a que su capacidad es de 500.

Comunidades rechazan nuevos centros

La reapertura de prisiones como centros migratorios ha generado rechazo ciudadano. En Mason, Tennessee, estallaron protestas por la reactivación de una instalación de CoreCivic. En Baldwin, Míchigan, residentes también se opusieron a la reapertura de una prisión operada por Geo Group con capacidad para mil 800 personas.

“Cada vez hay más incentivos para encarcelar a personas en centros de detención migratoria. Cuantas más personas detienen, más crece su negocio”, denunció Suh. “Los incentivos financieros son la base del encarcelamiento”, remató.

Las ganancias de estas empresas dependen cada vez más del encarcelamiento de migrantes. ICE se ha convertido en su socio principal: Geo Group ha recibido casi 8 mil millones de dólares en contratos federales desde su creación, más de la mitad relacionados con migración. CoreCivic ha superado los 8.3 mil millones, con una cuarta parte provenientes del mismo organismo.

“El presupuesto de ICE ahora es más grande que el de muchos ejércitos en todo el mundo”, criticó Suh, “mientras nuestros hospitales y escuelas siguen sin fondos suficientes”.