CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 73 Constitucional que permitirá al Congreso de la Unión crear una ley general contra la extorsión. Con 106 votos a favor, la Cámara Alta avaló la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la turnó de inmediato a los congresos estatales, donde se prevé que obtenga respaldo sin demora.

La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor impacto social y económico en México. Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, subrayó que se trata de una reforma que “otorga al Congreso la facultad de expedir una ley que unifique criterios, cierre vacíos legales y proteja de manera integral a la sociedad al establecer un marco homogéneo”.

En la misma línea, destacó que el nuevo marco legal fomentará la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un esquema nacional. Cantón Zetina advirtió que “no es un delito menor, la padece todo México, todos los estados, todos los municipios, todas las personas, todas las comunidades”.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, calificó el fenómeno como “una amenaza cotidiana en contra de la paz pública, el patrimonio y la integridad de millones de mexicanas y mexicanos”. Citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reflejan un aumento del 57 por ciento en la incidencia de extorsión durante los últimos seis años.

El problema no solo afecta a las personas, sino también a la economía. El Inegi informó que en 2023 este delito fue el más frecuente contra unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalente al 0.51 por ciento del Producto Interno Bruto. Trasviña subrayó que “estos datos no son números fríos, representan a familias, trabajadoras, pequeños empresarios y comerciantes que viven bajo esta amenaza”.

El país enfrenta un mosaico de regulaciones estatales que agravan la situación: mientras en el ámbito federal la pena por extorsión es de 2 a 8 años de prisión, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a 3. Para los legisladores, esta disparidad favorece la impunidad y obstaculiza la justicia.

Aunque la reforma constitucional es un paso importante, desde la oposición advirtieron que falta acción gubernamental y leyes secundarias. La senadora panista Verónica Rodríguez aseguró que “faltan las leyes secundarias y sobre todo falta verdadera acción del gobierno, que hoy reconoce que hay un problema grave de extorsión”. Recordó que, según la Coparmex, en el primer semestre del año se registraron 5 mil 887 víctimas, la cifra más alta en registros oficiales y con un incremento del 83 por ciento en la última década.

La preocupación es compartida por diferentes sectores. La senadora morenista Araceli Saucedo relató los casos de productores de aguacate y limón sometidos al cobro de piso, mientras que la priista Claudia Anaya denunció que en Zacatecas opera incluso un sindicato dedicado a esta práctica ilegal.

Con la aprobación de esta reforma, el Congreso de la Unión podrá expedir una ley general contra la extorsión que unifique el tipo penal, sus agravantes, los delitos relacionados y las sanciones en todo el territorio nacional. El objetivo es proteger a la ciudadanía, reforzar el sistema de justicia y atacar de raíz un delito que sigue en crecimiento y que deja millonarias ganancias al crimen organizado.