Congreso de Chiapas aprueba Ley para la interrupción de embarazo en menores
TUXTLA GUTIÉRREZ.- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una norma que busca garantizar el acceso a servicios médicos seguros y gratuitos a menores que hayan sido víctimas de violación, en una entidad que encabeza las cifras nacionales de embarazo infantil.
La ley obliga a las instituciones del sistema de salud a brindar atención oportuna, respetuosa y confidencial a las niñas y adolescentes embarazadas por causa de abuso sexual. Además, establece la notificación obligatoria ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes sobre los delitos cometidos.
El texto aprobado precisa que la interrupción legal del embarazo será una decisión libre e informada, resguardada bajo los principios de dignidad humana, perspectiva de género y no criminalización. Define que el aborto será legal después de la décima segunda semana de gestación, siempre y cuando el procedimiento sea realizado por personal médico calificado.
De acuerdo con la norma, se considera adolescentes a las personas entre 12 y menos de 18 años, y niñas a las menores de 12 años. Las instituciones de salud tendrán un plazo máximo de cinco días para garantizar el procedimiento, una vez que la interesada exprese su decisión.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas es el estado con mayor incidencia de embarazo adolescente en el país, con una tasa de maternidad superior al 20%. Además, la Organización de las Naciones Unidas, señala que en Chiapas viven 2.8 millones de mujeres indígenas, y el 87.5% de los municipios donde residen presenta un alto nivel de marginación. Esta realidad limita el acceso a servicios básicos, incluyendo atención médica y campañas de prevención del embarazo.
Con esta ley, el Congreso chiapaneco busca fortalecer el marco jurídico para la protección de las víctimas de violencia sexual y reducir los embarazos forzados en menores, garantizando su derecho a decidir de manera libre, segura e informada.
Congreso de Chiapas aprueba Ley para la interrupción de embarazo en menores
TUXTLA GUTIÉRREZ.- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una norma que busca garantizar el acceso a servicios médicos seguros y gratuitos a menores que hayan sido víctimas de violación, en una entidad que encabeza las cifras nacionales de embarazo infantil.
La ley obliga a las instituciones del sistema de salud a brindar atención oportuna, respetuosa y confidencial a las niñas y adolescentes embarazadas por causa de abuso sexual. Además, establece la notificación obligatoria ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes sobre los delitos cometidos.
El texto aprobado precisa que la interrupción legal del embarazo será una decisión libre e informada, resguardada bajo los principios de dignidad humana, perspectiva de género y no criminalización. Define que el aborto será legal después de la décima segunda semana de gestación, siempre y cuando el procedimiento sea realizado por personal médico calificado.
De acuerdo con la norma, se considera adolescentes a las personas entre 12 y menos de 18 años, y niñas a las menores de 12 años. Las instituciones de salud tendrán un plazo máximo de cinco días para garantizar el procedimiento, una vez que la interesada exprese su decisión.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas es el estado con mayor incidencia de embarazo adolescente en el país, con una tasa de maternidad superior al 20%. Además, la Organización de las Naciones Unidas, señala que en Chiapas viven 2.8 millones de mujeres indígenas, y el 87.5% de los municipios donde residen presenta un alto nivel de marginación. Esta realidad limita el acceso a servicios básicos, incluyendo atención médica y campañas de prevención del embarazo.
Con esta ley, el Congreso chiapaneco busca fortalecer el marco jurídico para la protección de las víctimas de violencia sexual y reducir los embarazos forzados en menores, garantizando su derecho a decidir de manera libre, segura e informada.