CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La destitución de jueza en Tamaulipas se convirtió en un caso emblemático dentro del Poder Judicial estatal, luego de que la togada Mónica Pérez Chapa aplicó una multa considerada desproporcionada contra una abogada litigante durante una audiencia presencial. La destitución de jueza en Tamaulipas no solo generó debate jurídico, sino también una reacción masiva de barras y colegios de profesionistas.

El Órgano de Administración Judicial del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas determinó separarla del nuevo sistema penal acusatorio y reasignarla temporalmente al sistema penal tradicional, con el fin de revisar si su proceder se ajustó a los principios que rigen las audiencias orales. La autoridad explicó que estas medidas buscan preservar la correcta operación del modelo acusatorio y garantizar que las sanciones impuestas no excedan los parámetros legales.

De acuerdo con información difundida por el propio Tribunal, se evitó mencionar directamente su nombre en el comunicado oficial en cumplimiento de las disposiciones sobre protección de datos personales y presunción de inocencia. No obstante, juristas consultados confirmaron la identidad de la impartidora de justicia involucrada en el caso.

El Poder Judicial expuso que la remoción tiene un carácter institucional y que el órgano disciplinario revisará si la jueza actuó conforme al procedimiento y los mecanismos establecidos en la ley. También analizará si respetó los criterios administrativos que regulan las sanciones, las cuales, según especialistas, pueden oscilar desde 20 hasta 5 mil salarios mínimos, lo que abre un margen considerable para determinar montos proporcionales.

El incidente escaló rápidamente debido a que el video del momento circuló en redes sociales y se volvió viral, lo que detonó críticas por parte de más de una docena de agrupaciones de abogados de distintos municipios de Tamaulipas. En sus posicionamientos, cuestionaron no solo la decisión de la juzgadora, sino también la falta de reacción inmediata por parte de las autoridades judiciales.

Especialistas en derecho penal consultados señalaron que, tras revisar el material audiovisual, resulta complejo justificar por qué se impuso el máximo legal permitido como sanción y no una cantidad menor, especialmente cuando la normatividad establece un rango amplio que permite ponderar variables como la conducta procesal, el contexto de la audiencia y la proporcionalidad de la medida.

Mientras avanza la investigación administrativa, la resolución del Tribunal plantea un precedente relevante para el funcionamiento del sistema penal acusatorio y para la vigilancia del actuar de quienes conducen audiencias orales, en un contexto donde la transparencia y el respeto al debido proceso continúan siendo temas clave para la ciudadanía y para la comunidad jurídica del país.