WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump reunió a su equipo de seguridad nacional para revisar los posibles escenarios de intervención en Venezuela, en medio de tensiones crecientes dentro de su propio círculo político por el rumbo y la legalidad de las operaciones militares de EU en el Caribe. Aunque la Casa Blanca insiste en que mantiene “todas las opciones sobre la mesa”, voces conservadoras advierten riesgos legales y políticos.

La vocera Karoline Leavitt reiteró que la ofensiva estadounidense busca frenar el tráfico de estupefacientes hacia su territorio. Sin embargo, evitó responder sobre el presunto cierre del espacio aéreo venezolano o sobre versiones publicadas por el Miami Herald acerca de una llamada en la que Trump habría exigido a Nicolás Maduro abandonar el poder. Ante la pregunta expresa de si el mandatario contempla enviar tropas a suelo venezolano, Leavitt afirmó únicamente que “hay varias opciones a disposición del presidente”.

Mientras tanto, figuras de la derecha estadounidense manifestaron preocupación por la expansión de las acciones militares. La diputada Marjorie Taylor Green resumió el sentir de una parte de la base trumpista al escribir: “componga lo del seguro médico. No cambio de régimen en Venezuela”.

El debate se intensificó por un señalamiento sobre un incidente en septiembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación sospechosa de transportar drogas. Legisladores denunciaron que el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado un segundo ataque para eliminar a los sobrevivientes. “Si los hechos son, como se está alegando, que hubo un segundo ataque específicamente para matar a los sobrevivientes… esto es nada menos que un crimen de guerra”, dijo el senador independiente Angus King. El republicano Mike Turner coincidió: “eso sería un acto ilegal”. La funcionaria de la Casa Blanca confirmó el segundo ataque, pero negó cualquier violación a la ley, asegurando que fue realizado “de acuerdo con las leyes de conflicto armado”.

A estas críticas se suma el indulto otorgado por Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 por narcotráfico. Consultado sobre el perdón, el mandatario justificó que “si alguien vende drogas… eso no significa que arrestas al presidente”. El senador Bill Cassidy cuestionó esta postura: “¿por qué indultaríamos a Hernández y perseguimos a Maduro por traficar drogas a Estados Unidos?”.

Al mismo tiempo, sectores conservadores que impulsan la salida de Maduro intensificaron su presión. Un editorial del Wall Street Journal afirmó que si el dirigente venezolano “rehúsa irse” y el mandatario estadounidense evita actuar “la credibilidad de Estados Unidos será la perdedora”. En Florida, operadores políticos cercanos a la comunidad cubanoestadunidense reclaman medidas decisivas. Entre ellos destaca Marco Rubio, a quien reportes de Politicodescriben como el principal promotor del cambio de régimen y para quien el desenlace podría impactar su futuro político.

Entrada la noche, Trump discutió el tema con Hegseth, Rubio, el jefe del Estado Mayor Dan Caine, el asesor Stephen Miller y Susie Wiles, jefa de gabinete. Sin declaraciones oficiales tras esa reunión, permanece la duda sobre qué corrientes influyen más en la estrategia hacia Venezuela y cómo evolucionarán las operaciones militares de EU en la región.