CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) alista una batería de cambios constitucionales y legales para cerrar el paso al lavado de dinero electoral en las campañas, además de fortalecer los mecanismos de fiscalización y separar la elección judicial de 2027 de los comicios ordinarios.

De acuerdo con el documento base que será entregado este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el órgano electoral plantea reforzar su capacidad de vigilancia sobre el origen, destino y uso de los recursos que emplean partidos, candidaturas y actores vinculados a los procesos comiciales, tanto en territorio como en plataformas digitales. El objetivo es asegurar la trazabilidad del dinero y evitar esquemas de simulación o triangulación, una preocupación central ante el avance del lavado de dinero electoral.

Entre las propuestas destaca la regulación del uso de activos virtuales y de nuevas figuras financieras, así como la coordinación con autoridades de inteligencia financiera y hacendarias para detectar operaciones irregulares. En este punto, el texto subraya la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas y controles frente al uso de inteligencia artificial en campañas.

En el ámbito operativo, el INE insiste en que la elección judicial prevista para 2027 se realice en una fecha distinta a las elecciones ordinarias, con el fin de reducir riesgos, simplificar la logística y mejorar la supervisión de gastos. También se plantea rediseñar las boletas para disminuir requisitos y hacer más eficiente el ejercicio del voto.

Otro eje relevante es la defensa de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Su eventual desaparición implicaría que el INE asuma por completo la planeación y ejecución de elecciones estatales y municipales, lo que, advierte el instituto, aumentaría la complejidad operativa y presupuestal del sistema electoral.

En materia de participación ciudadana, se incluyen propuestas para facilitar el voto de mexicanos en el extranjero, reforzar la seguridad de los datos del padrón electoral y crear “centros de votación” específicos para ejercicios como consultas populares o revocación de mandato.

El documento también incorpora un bloque de medidas con perspectiva de género. Entre ellas, prevenir y sancionar la violencia política y digital contra las mujeres, crear una defensoría especializada e integrar este enfoque en las fiscalías electorales y en los procesos de revisión de candidaturas.

Las propuestas fueron definidas tras una sesión virtual privada del Consejo General, en la que se revisaron más de 300 planteamientos. Para integrar el paquete final se consideraron aquellas iniciativas con respaldo unánime o, al menos, con seis votos favorables.

La entrega formal del documento está programada para este lunes al mediodía en las oficinas de la comisión presidencial, ubicadas en la colonia Juárez. A la reunión asistirán las y los once consejeros electorales, encabezados por la presidenta del INE, así como la secretaria ejecutiva del organismo.