Ciudad de México – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la rectoría exclusiva del Estado mexicano sobre el litio, al resolver una serie de impugnaciones relacionadas con las reformas legales que declararon a este mineral como un recurso estratégico de la nación. Con esta decisión, el máximo tribunal del país reafirma que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedan reservados al Estado, sin posibilidad de concesiones a particulares.

La resolución se da en el contexto de las modificaciones a la Ley Minera aprobadas en 2022, en las que se estableció que el litio es patrimonio de la nación y que su control corresponde únicamente al gobierno federal.

Durante la discusión del asunto, las ministras y ministros analizaron diversos argumentos que cuestionaban la constitucionalidad de estas disposiciones. Entre ellos, se señalaba que la exclusividad del Estado podría contravenir principios de libre competencia o afectar derechos previamente adquiridos por empresas privadas. Sin embargo, la Corte concluyó que el litio, por su carácter estratégico, puede ser reservado al Estado conforme a lo establecido en la Constitución.

El fallo se apoya en el principio de soberanía sobre los recursos naturales, consagrado en el artículo 27 constitucional, que establece que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos del subsuelo. En este sentido, la SCJN determinó que el Congreso tiene la facultad de definir cuáles de estos recursos deben ser explotados exclusivamente por el Estado, especialmente cuando se trata de materiales clave para el desarrollo tecnológico y energético.

El litio ha adquirido una relevancia creciente a nivel global debido a su uso en la fabricación de baterías recargables, fundamentales para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. En este contexto, países con reservas de este mineral han adoptado distintas estrategias para su aprovechamiento, incluyendo modelos de participación estatal predominante o exclusiva.

La sentencia establece que la exclusividad estatal no implica una prohibición absoluta de colaboración con el sector privado, pero sí delimita claramente que cualquier participación deberá darse bajo esquemas controlados por el Estado y sin otorgar derechos de propiedad o concesión sobre el recurso. Esto abre la puerta a posibles asociaciones o contratos de servicios, siempre subordinados a la rectoría gubernamental.

Asimismo, la Corte dejó en claro que las concesiones mineras otorgadas con anterioridad no amparan la explotación de litio, en caso de que este mineral no haya sido específicamente contemplado en los títulos correspondientes. De esta manera, se busca evitar interpretaciones que permitan a empresas privadas reclamar derechos sobre el recurso con base en permisos previos.

La decisión del máximo tribunal se inscribe en una política más amplia del México orientada a fortalecer el control estatal sobre sectores considerados estratégicos, particularmente en el ámbito energético y de recursos naturales. En este marco, el litio es visto como un elemento clave para la transición hacia energías limpias y el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas.

En adelante, el reto será la implementación efectiva de este modelo, incluyendo el desarrollo de capacidades técnicas, infraestructura y esquemas de gestión que permitan aprovechar el potencial del litio en beneficio del país. La decisión judicial marca el rumbo legal, pero su éxito dependerá de la ejecución de las políticas públicas correspondientes.