Ciudad de México – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, como parte de una investigación financiera relacionada con presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero y acusaciones de narcotráfico promovidas por autoridades de Estados Unidos.

La medida habría sido ejecutada mediante un acuerdo enviado por la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), instruyendo a las instituciones financieras del país a inmovilizar activos, operaciones y movimientos bancarios relacionados con Rocha Moya, Inzunza y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados en investigaciones internacionales.

De acuerdo con reportes periodísticos, el bloqueo financiero también alcanzaría a familiares cercanos y presuntos colaboradores de ambos políticos, luego de que autoridades estadounidenses solicitaran semanas atrás la detención con fines de extradición de varios integrantes del círculo político del mandatario sinaloense por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y operaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas.

El caso tomó fuerza desde finales de abril, cuando fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de presuntamente brindar protección política y operativa a grupos criminales ligados a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el presunto congelamiento de cuentas durante su conferencia matutina y aseguró no tener información detallada sobre las acciones específicas de la UIF. Sin embargo, sostuvo que dicho organismo actúa con autonomía técnica y que, en caso de detectar irregularidades financieras, puede proceder conforme a sus facultades legales.

“No tenía conocimiento… La UIF es un área técnica. Si encuentra alguna irregularidad, procede”, declaró la mandataria federal al ser cuestionada por medios nacionales.

La investigación financiera ocurre apenas semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa cuando existan sospechas de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fortaleció las capacidades del gobierno federal para actuar de manera preventiva en casos relacionados con lavado de dinero y crimen organizado.

Hasta el momento, ni Rubén Rocha Moya ni Enrique Inzunza han emitido una postura amplia sobre el congelamiento de sus cuentas. En tanto, las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, en uno de los casos políticos y judiciales más delicados para Morena y para el gobierno federal en los últimos años.