El ex fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones relacionadas con el denominado caso CIA-Chihuahua, un expediente que ha generado atención pública debido a las presuntas irregularidades y posibles vínculos entre ex funcionarios, organismos de inteligencia y operaciones de seguridad realizadas en la entidad.

La comparecencia se llevó a cabo en instalaciones federales, donde Jáuregui respondió un extenso cuestionario elaborado por agentes ministeriales de la FGR.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, las preguntas estuvieron relacionadas con decisiones tomadas durante su gestión como titular de la Fiscalía estatal, así como con presuntas acciones de colaboración e intercambio de información entre autoridades mexicanas y agencias extranjeras de inteligencia.

El caso CIA-Chihuahua ha sido objeto de investigación durante los últimos meses luego de que surgieran versiones sobre posibles operaciones de vigilancia, intercambio de datos sensibles y participación de actores internacionales en tareas de seguridad realizadas en territorio chihuahuense.

Durante su comparecencia, César Jáuregui aseguró haber acudido de manera voluntaria para colaborar con las autoridades federales y aclarar cualquier duda relacionada con su desempeño como fiscal estatal.

Trascendió que el ex funcionario respondió cada uno de los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público Federal y entregó información documental relacionada con algunos de los temas investigados.

Hasta el momento, la FGR no ha informado oficialmente si el ex fiscal tiene calidad de imputado, testigo o persona relacionada dentro de la carpeta de investigación. Sin embargo, autoridades federales confirmaron que las investigaciones continúan abiertas y que podrían realizarse nuevas comparecencias de ex funcionarios y mandos de seguridad vinculados con el caso.

La Fiscalía General de la República mantiene bajo reserva varios aspectos de la investigación debido a la naturaleza del caso. No obstante, fuentes judiciales señalaron que la dependencia continúa recabando testimonios, documentos y pruebas para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de las operaciones investigadas.