Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con la finalidad de fortalecer la democracia, promover elecciones libres de violencia y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, legisladoras, autoridades electorales y representantes de organizaciones civiles presentaron una iniciativa de reforma que busca impedir que personas sancionadas por violencia política de género puedan ocupar cargos públicos o participar como candidatas en procesos electorales.

La propuesta fue promovida por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, en coordinación con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Magali Anabel Arellano Córdova, y cuenta además con el respaldo de la consejera María Magdalena Vila Domínguez y de la presidenta de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), María Teresa Olvera Caballero.

La iniciativa plantea modificaciones al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, con el objetivo de armonizar el marco jurídico estatal con las disposiciones federales en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto destaca que toda persona que cuente con una sentencia firme o resolución definitiva por violencia política contra las mujeres en razón de género perderá sus derechos político-electorales, por lo que quedaría impedida para registrarse como candidata a un cargo de elección popular o desempeñar funciones dentro de la administración pública.

Asimismo, la propuesta contempla adecuaciones a la legislación electoral local para que un proceso comicial pueda ser declarado nulo cuando se demuestre que durante su desarrollo se ejerció violencia política de género contra mujeres participantes.

De igual manera, se establece que los partidos políticos o candidaturas responsables de estas conductas no podrán participar en la elección extraordinaria que eventualmente se convoque tras la anulación de los comicios, con el propósito de evitar que dichas acciones queden sin consecuencias legales.

Las impulsoras de la reforma señalaron que la consolidación democrática requiere que las mujeres participen en condiciones de igualdad, seguridad y libres de cualquier forma de violencia o discriminación.

Por último, destacaron que esta iniciativa busca robustecer el marco normativo de Chiapas para garantizar procesos electorales más justos e incluyentes, además de fortalecer una vida pública en la que el respeto a los derechos de las mujeres sea un requisito fundamental para el ejercicio del poder.