Saltillo, Coahuila – El Partido del Trabajo (PT) presentó formalmente una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, a quienes señala de haber incurrido en presuntas violaciones graves a la Constitución, a los derechos humanos y al desarrollo del proceso electoral celebrado el pasado 7 de junio.

La solicitud fue promovida por el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja ante la Cámara de Diputados, luego de los resultados de la elección para renovar el Congreso local de Coahuila, proceso en el que la alianza encabezada por el PRI obtuvo una amplia victoria en los 16 distritos de mayoría relativa.

De acuerdo con el legislador petista, la demanda de juicio político se sustenta en presuntas irregularidades ocurridas antes, durante y después de la jornada electoral.

Entre las principales acusaciones, señaló que las corporaciones de seguridad estatales habrían sido utilizadas para actuar en contra de candidatos, dirigentes y operadores políticos de Morena y del Partido del Trabajo.

Mejía Berdeja aseguró que existen elementos para investigar supuestos actos de represión, intimidación y violaciones a los derechos humanos, además de denunciar presuntas prácticas de compra y coacción del voto que, afirmó, afectaron la equidad de la contienda electoral.

El diputado también sostuvo que las autoridades estatales habrían permitido condiciones que vulneraron el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres y auténticas.

La demanda incluye tanto al gobernador Manolo Jiménez Salinas como al fiscal Federico Fernández Montañez, bajo el argumento de que ambos servidores públicos tuvieron responsabilidad en la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia durante el proceso electoral.

El recurso fue presentado ante las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados, que deberá revisar la procedencia de la solicitud conforme a los procedimientos establecidos en la legislación federal.

Con esta acción, el Partido del Trabajo busca que las autoridades legislativas investiguen los hechos denunciados y determinen si existieron violaciones constitucionales que ameriten responsabilidades políticas.