Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) asumió formalmente la investigación por la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz.

La atracción del caso fue confirmada por la fiscal general del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien informó que la carpeta de investigación fue remitida a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), órgano especializado de la FGR encargado de investigar agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Roxana Guzmán, colaboradora del medio Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados que ingresó a su domicilio en Nanchital.

El hecho quedó registrado en un video de vigilancia que posteriormente se difundió en redes sociales y medios de comunicación, evidenciando la violencia con la que ocurrió el ataque.

Desde el momento de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó diversas diligencias de investigación y búsqueda en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre el paradero de la comunicadora ni se han reportado personas detenidas relacionadas con el caso.

La decisión de que la FGR atraiga la investigación busca fortalecer las labores de búsqueda y garantizar que se apliquen los protocolos especializados en delitos cometidos contra periodistas, considerando la posibilidad de que la agresión esté vinculada con el ejercicio de su labor informativa.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Artículo 19 y Alianza de Medios MX, han solicitado a las autoridades federales agotar todas las líneas de investigación, privilegiando la relacionada con el trabajo periodístico de Roxana Guzmán y garantizando la protección de sus familiares y colegas.

El caso ha vuelto a colocar en el centro del debate la situación de riesgo que enfrentan los periodistas en distintas regiones del país, particularmente en Veracruz, una de las entidades con mayores antecedentes de violencia contra comunicadores.