Los Mochis, Sinaloa – La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, advirtió que los permisos ambientales otorgados a la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo no representan una autorización permanente ni eximen a la empresa responsable de cumplir con la legislación vigente, al asegurar que “ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco”.

La declaración se produjo durante una reunión de trabajo entre autoridades federales, estatales, comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y especialistas, quienes analizaron la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, donde se desarrolla el proyecto industrial.

Bárcena señaló que la responsabilidad de la autoridad ambiental es supervisar de manera permanente que las condiciones establecidas en los permisos se cumplan y actuar con estricto apego a la ley en caso de detectar irregularidades. Asimismo, destacó que la función de la Semarnat es proteger los ecosistemas y garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.

Como resultado de la reunión, las autoridades acordaron establecer una ruta de trabajo conjunta que incluye la continuidad de las mesas de diálogo con las comunidades y especialistas para revisar estudios técnicos, observaciones y planteamientos relacionados con el proyecto.

Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizará una inspección actualizada en la zona para verificar el estado de las obras y el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Otro de los compromisos asumidos es abrir un diálogo directo con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), responsable de la planta de amoniaco, para exponer las preocupaciones expresadas por las comunidades y revisar las condiciones bajo las cuales avanza el proyecto.

Durante el encuentro también se acordó respetar el derecho a la libre manifestación de las comunidades indígenas y pesqueras que mantienen su oposición a la obra, mientras que diversas dependencias federales atenderán temas relacionados con el acceso al agua, el saneamiento, la protección de los ecosistemas costeros y la conservación de la Laguna-Bahía de Ohuira.

El proyecto de la planta de amoniaco ha generado un amplio debate en Sinaloa debido a su potencial impacto ambiental y económico.

Mientras sectores productivos consideran que fortalecería la industria de fertilizantes y el desarrollo regional, organizaciones ambientales y comunidades indígenas advierten sobre posibles afectaciones a la biodiversidad, la actividad pesquera y los humedales de la zona.

Con el posicionamiento de Alicia Bárcena, el Gobierno de México dejó claro que las autorizaciones ambientales existentes permanecerán sujetas a supervisión constante y que cualquier incumplimiento a las condiciones establecidas podrá derivar en acciones legales y administrativas, privilegiando el diálogo y la aplicación de la legislación ambiental.