Ciudad de México – Con 72 votos a favor de la mayoría parlamentaria y 37 en contra de las bancadas de oposición, el Pleno del Senado de la República aprobó una serie de modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, fue avalada en comisiones y posteriormente sometida a votación en la sesión plenaria.

Entre las principales disposiciones contenidas en el dictamen destaca la obligación impuesta a las empresas proveedoras del servicio de conectividad de diseñar e implementar una política pública formal para suspender o terminar de manera definitiva el contrato a usuarios que cometan infracciones reiteradas a los derechos patrimoniales de autor.

Dicha normativa deberá publicarse visiblemente en las plataformas digitales de cada compañía y formar parte de los términos y condiciones de contratación.

Argumentos del debate legislativo y reservas de la oposición

Durante el análisis del proyecto, los legisladores del grupo parlamentario de Morena señalaron que los cambios legales tienen por objetivo proteger a los creadores de contenido, combatir el pirateo comercial y alinear el marco normativo de México con los estándares internacionales exigidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mayoría legislativa sostuvo que la medida respeta la libertad de expresión, manteniendo exentas las manifestaciones periodísticas, las caricaturas políticas y el trabajo de los creadores de sátira digital.

Por su parte, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo al texto legal, al considerar que la suspensión del acceso a internet resulta una medida desproporcionada.

La oposición advirtió sobre el peligro de vulnerar la neutralidad de la red y cuestionó la falta de precisión jurídica en los criterios que determinarán la reincidencia de un usuario, así como los mecanismos administrativos para la baja del servicio sin mediación judicial previa.

Implementación y alcance formal del marco normativo

El dictamen aprobado en el recinto legislativo contempla el principio conocido como “puerto seguro”, el cual exime a las empresas de telecomunicaciones e intermediarios tecnológicos de responsabilidad civil directa por los contenidos transmitidos por terceros, a condición de dar cumplimiento estricto a las notificaciones de retiro y a la aplicación de sanciones por reincidencia.

Tras su votación final en la Cámara Alta, la minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación e inserción en el Diario Oficial de la Federación.

El decreto establece un periodo de 180 días naturales a partir de su publicación oficial para la entrada en vigor de sus efectos y el ajuste de los términos operativos por parte de las empresas de telecomunicaciones.