El Salvador – La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que el número de personas fallecidas en cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción ascendió a 537.

De acuerdo con la ONG, las muertes corresponden a personas detenidas en el marco del régimen de excepción, instaurado para combatir a las pandillas tras una ola de violencia que dejó decenas de homicidios en el país.

La medida ha permitido la captura de más de 90 mil personas acusadas de tener vínculos con estructuras criminales y ha sido prorrogada en múltiples ocasiones por la Asamblea Legislativa.

Socorro Jurídico Humanitario señaló que los fallecimientos registrados se han producido principalmente en centros penitenciarios que albergan a la mayoría de los detenidos bajo esta política de seguridad.

Según la organización, una parte importante de las muertes estaría relacionada con hechos violentos y con la falta de atención médica oportuna, además de sostener que la mayoría de las víctimas no contaban con antecedentes o perfiles vinculados a pandillas.

La ONG también advirtió que la cifra real podría ser superior debido a las limitaciones en el acceso a información oficial.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones de reclusión y por las denuncias de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante la aplicación del régimen de excepción.

En distintos informes se han documentado casos de presuntos abusos, hacinamiento y deficiencias en la atención sanitaria dentro de los centros penitenciarios.

Por su parte, el gobierno de El Salvador ha defendido la estrategia de seguridad, argumentando que el régimen de excepción ha permitido reducir significativamente los índices de homicidios y debilitar a las pandillas que durante décadas afectaron al país.

Las autoridades sostienen que las medidas adoptadas han convertido a El Salvador en uno de los países más seguros de la región y destacan la disminución de los delitos de alto impacto.

El reporte de la ONG se suma a la discusión internacional sobre los alcances y consecuencias del régimen de excepción.

Mientras organismos defensores de derechos humanos solicitan investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia del Estado, el gobierno salvadoreño mantiene que su política de seguridad es fundamental para preservar el orden público y combatir la delincuencia organizada.