Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La conmemoración del Día Estatal en Chiapas para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas de la Diversidad Sexual estuvo marcada por la polémica, luego de que la diputada local de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez, expresara desde la tribuna del Congreso estatal su intolerancia ante las orientaciones sexuales diversas.

Durante su intervención, la legisladora manifestó su desacuerdo con la pluralidad de identidades y orientaciones, además de considerar que las políticas orientadas a la inclusión representan una “distorsión para la niñez”.

Resulta paradójico pues sus declaraciones se produjeron en la misma jornada en que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar emitió el decreto conmemorativo relacionado con esta fecha.

En respuesta, organizaciones como la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas y el colectivo Ella+Ella=Amor demandaron una disculpa pública, al sostener que la diputada fundamentó sus posturas en convicciones religiosas y no en los principios establecidos por la Carta magna.

Por otra parte, hasta el cierre de esta edición no se había emitido ninguna postura oficial por parte de la legisladora ni de Morena respecto a la controversia generada.

De manera previa, el pasado 13 de junio, en el marco de la marcha del orgullo LGBT+, el gobernador firmó el acuerdo mediante el cual se estableció el día 17 de cada mes como fecha estatal de lucha contra la discriminación por motivos de diversidad sexual.

A raíz de ello, los señalamientos de la diputada, considerados por diversos sectores como discriminatorios y homofóbicos, provocaron reacciones de organizaciones civiles e instituciones públicas.

En ese sentido, distintos colectivos coincidieron en advertir sobre la gravedad de que un órgano de representación popular sea utilizado como plataforma para difundir discursos excluyentes.

De igual manera, la asociación civil Unidos Diferentes manifestó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante las expresiones vertidas por la legisladora.

Según expuso la organización, este tipo de posicionamientos “resultan incompatibles con los principios constitucionales de no discriminación, libertad, igualdad y respeto a los derechos fundamentales”.

Por último, el colectivo alertó que emplear la máxima tribuna legislativa para difundir mensajes excluyentes “contribuye a fortalecer prejuicios y discursos que históricamente han derivado en discriminación, violencia y vulneración de derechos”.