San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Un grupo de 37 locatarios indígenas tseltales del mercado público tradicional Dr. Belisario Domínguez, en Ocosingo, denunció presuntos actos de despojo, violencia, amenazas y discriminación que, aseguran, han sufrido por parte de integrantes de la mesa directiva de la Coalición de Locatarios. Los comerciantes, vinculados al Congreso Nacional Indígena (CNI) Samir Flores Soberanes, solicitaron la intervención de las autoridades estatales y municipales para frenar las agresiones y garantizar el respeto a sus derechos.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), los afectados señalaron que son fundadores y copropietarios del mercado desde 1985 y acusaron que existe una estrategia para despojarlos de sus espacios comerciales mediante bloqueos, restricciones de acceso y acciones legales que consideran injustificadas.

Los comerciantes afirmaron que el mercado representa décadas de trabajo y esfuerzo colectivo de familias indígenas tseltales. En ese contexto expresaron que el centro de abasto “no se hizo con decretos de escritorios sino con el esfuerzo de mujeres y hombres; cada local que hoy quieren arrebatarnos tiene historia; aquí crecieron nuestros hijos, salieron para la escuela, hemos sostenido hogares enteros y aquí hemos dado trabajo”.

De acuerdo con el Frayba, el conflicto ha derivado en cierres de locales, retiro de mercancía, construcción de bardas para impedir el acceso a espacios comerciales y diversas presiones económicas contra integrantes de la organización indígena. El organismo sostuvo que estas acciones afectan directamente el derecho al trabajo y al patrimonio de las familias involucradas.

Entre los casos expuestos se encuentra el de Jorge Sánchez, quien presuntamente fue despojado de sus locales y vio restringido su acceso mediante la construcción de un muro. Asimismo, Sara Toledo Sánchez denunció que perdió el control de su espacio comercial después de que sus pertenencias fueran retiradas y las cortinas del local fueran selladas.

Según los denunciantes, ambas personas permanecen sin posibilidad de trabajar desde hace varios meses, situación que ha afectado gravemente sus ingresos familiares. También señalaron que otros locatarios han enfrentado obstáculos similares para acceder a sus establecimientos.

Los integrantes del CNI recordaron que el mercado fue creado el 15 de enero de 1985 y que, tras diversos procesos jurídicos, obtuvieron resoluciones favorables que respaldan sus derechos sobre los espacios comerciales. Sin embargo, aseguraron que los conflictos persisten y que algunos de sus compañeros continúan siendo afectados por medidas que consideran arbitrarias.

Por ello, solicitaron la instalación de una mesa interinstitucional que permita atender el conflicto y encontrar una solución definitiva. Además, demandaron el reconocimiento pleno de los derechos de los locatarios respaldados por resoluciones judiciales, así como el cese de cualquier acto de hostigamiento o intimidación.

El Frayba respaldó las exigencias y pidió a las autoridades intervenir para garantizar la restitución de los locales afectados, prevenir nuevas agresiones y asegurar condiciones de trabajo dignas para las familias involucradas.

En entrevista, Sara Toledo Sánchez reiteró su exigencia para recuperar el espacio que asegura le pertenece. “Lo único que quiero es que me regresen el puesto porque es mío”, declaró.

La comerciante explicó que fue despojada de su local mientras se encontraba fuera de Ocosingo atendiendo la situación médica de una de sus hijas. Además, sostuvo que junto con otros locatarios decidió organizarse para defender sus derechos y evitar nuevos abusos.