Cintalapa de Figueroa, Chiapas – Casi cinco años después de una de las peores tragedias migratorias registradas en México, un juez federal dictó sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Isaac Juan Francisco, identificado como uno de los responsables del traslado ilegal de 191 personas migrantes que viajaban hacinadas en un tráiler que volcó en Chiapas en diciembre de 2021, accidente en el que murieron 56 personas y otras 135 resultaron lesionadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sentenciado fue declarado penalmente responsable del delito de tráfico de personas agravado, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara su participación en la introducción y traslado de personas extranjeras en territorio nacional sin la documentación migratoria correspondiente.

La resolución fue emitida por una jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, tras valorar las pruebas recabadas durante la investigación.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2021, cuando Isaac Juan Francisco, en coordinación con otros integrantes de una red dedicada al tráfico de personas, organizó el traslado de 191 migrantes de distintas nacionalidades que pretendían llegar a Estados Unidos. Las víctimas fueron obligadas a abordar un tráiler de carga adaptado con respiraderos, en condiciones de hacinamiento y sin las medidas mínimas de seguridad.

Durante el recorrido sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo, el conductor perdió el control de la pesada unidad en una curva y el vehículo volcó de forma violenta. Como consecuencia del accidente, 56 personas perdieron la vida y 135 más resultaron heridas.

Entre las víctimas había ciudadanos principalmente de Guatemala, además de personas originarias de Honduras, Ecuador y República Dominicana, quienes buscaban atravesar México rumbo a la frontera con Estados Unidos.

En la audiencia de individualización de sanciones, además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso al sentenciado una multa de un millón 842 mil pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

También ordenó el decomiso del vehículo de carga utilizado para el traslado de los migrantes.

Respecto a la reparación del daño, el juez dejó a salvo los derechos de las víctimas y sus familiares para que puedan reclamarlos durante la etapa de ejecución de la sentencia.

La FGR destacó que esta resolución forma parte de las acciones para combatir el tráfico ilícito de personas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de este delito.