Estado de México – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ascendió a 28 el número de servidores públicos vinculados a proceso por su presunta participación en una red dedicada a la asignación irregular de plazas para docentes dentro del sistema educativo estatal.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, las investigaciones permitieron establecer la existencia de un esquema mediante el cual diversos funcionarios presuntamente intervinieron en la creación, gestión y asignación de plazas magisteriales sin cumplir los procedimientos legales establecidos.

Estas acciones habrían permitido beneficiar indebidamente a determinadas personas mediante documentación presuntamente apócrifa o alterada para simular nombramientos oficiales.

La FGJEM precisó que los 28 imputados desempeñaban funciones en distintas áreas relacionadas con la administración educativa y que un juez de control determinó la existencia de elementos suficientes para iniciar proceso penal en su contra.

No obstante, la vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que permite continuar con las investigaciones judiciales mientras se determina la responsabilidad individual de cada uno de los acusados.

Según la carpeta de investigación, la presunta red operó mediante la expedición y utilización de documentos falsificados para incorporar personas a la nómina educativa o regularizar plazas que no cumplían con los requisitos legales. Las irregularidades habrían afectado los mecanismos de ingreso, promoción y asignación de puestos dentro del sistema educativo del Estado de México, además de generar un posible daño al erario por el pago de salarios derivados de nombramientos presuntamente ilícitos.

Las autoridades también señalaron que este caso forma parte de una estrategia para combatir actos ilícitos dentro de la administración pública estatal, particularmente aquellos relacionados con el manejo de recursos humanos y la asignación de plazas en instituciones gubernamentales.

La Fiscalía reiteró que mantiene coordinación con las autoridades educativas para revisar expedientes y fortalecer los mecanismos de control interno que permitan evitar la repetición de este tipo de prácticas.

Tras la resolución judicial, los 28 servidores públicos deberán enfrentar el proceso penal correspondiente por los delitos que les fueron imputados.

Durante esta etapa, el Ministerio Público continuará presentando pruebas para sustentar la acusación, mientras que las defensas podrán ofrecer los elementos que consideren pertinentes en favor de sus representados.