Ciudad de México.- Organizaciones ambientales y habitantes de comunidades de Papantla, Veracruz, denunciaron que la práctica del fracking se ha desarrollado en la región desde hace al menos 30 años y que sus efectos continúan afectando suelos, cultivos, cuerpos de agua y zonas habitadas.

De acuerdo con información obtenida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), Petróleos Mexicanos (Pemex) ha aplicado técnicas de fracturamiento hidráulico en cientos de pozos ubicados dentro del municipio veracruzano, como parte de las actividades de explotación petrolera en la zona de Chicontepec.

Rodolfo Bibiano Jiménez, integrante de Corason, señaló que en Papantla existen alrededor de 2 mil pozos petroleros y que, según datos proporcionados por la empresa productiva del Estado, cerca de la mitad han sido sometidos a procesos de fracking.

“En Papantla tenemos identificado que tenemos alrededor de 2 mil pozos petroleros, y según información de Pemex, la mitad de esos 2 mil han sido fracturados con fracking.

“Lo que sí es confuso es que, aunque Pemex nos dice que en la mitad han usado fracking, no nos dice cuáles son; sin embargo, los impactos los vivimos todos los días”, afirmó.

Las organizaciones explicaron que mediante solicitudes de información identificaron que esta técnica se aplica en la región desde 1996. Para 2022, se contabilizaban mil 168 pozos con fracturamiento hidráulico de un total de 2 mil 55 perforaciones registradas en el municipio.

Alejandra Jiménez, coordinadora general de Corason, indicó que diversos estudios oficiales ya habían advertido sobre los riesgos asociados a este tipo de explotación, especialmente por el elevado consumo de agua, la utilización de sustancias químicas y la cercanía de la infraestructura petrolera con comunidades habitadas.

“Desde 2010, la Comisión Nacional de Hidrocarburos hizo un estudio sobre el activo Aceite Terciario del Golfo; decía que la única forma de hacer producir esta zona era con fracking, pero que implicaba enormes riesgos.

“De entrada, el tema del agua, pero también señalaba que los pozos quedarían muy cercanos a zonas habitacionales y que eso iba a generar disrupciones en el territorio”.

Durante recorridos en distintas localidades, integrantes de Corason documentaron afectaciones derivadas de la actividad petrolera y del abandono de infraestructura. En la comunidad Rafael Rosas, donde habitan unas 400 personas, se reportan derrames de chapopote en terrenos agrícolas y fugas de gas metano provenientes de instalaciones ubicadas cerca de viviendas.

El agente municipal Emilio Domínguez Castillo pidió la intervención de las autoridades para atender la contaminación observada en la zona.

“Entonces, yo quisiera pedir a las autoridades competentes que vinieran y checaran esta contaminación”, expresó.

Los habitantes también manifestaron preocupación por una posible contaminación de fuentes de agua. En comunidades cercanas se han reportado indicios de hidrocarburos en pozos de uso doméstico, situación que ha motivado la realización de monitoreos para determinar la calidad del líquido.

A las afectaciones atribuidas al fracking se suma el deterioro de una extensa red de ductos petroleros. De acuerdo con testimonios de pobladores, la falta de mantenimiento ha provocado derrames recurrentes que han impactado parcelas productivas y generado pérdidas económicas para familias dedicadas al campo.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en 2022, cuando un derrame afectó aproximadamente cuatro hectáreas de cultivo. Los habitantes sostienen que los daños persisten y que los terrenos no han recuperado su capacidad productiva.

Además, vecinos alertaron sobre ductos expuestos dentro de áreas habitacionales, algunos ubicados cerca de escuelas y centros educativos, lo que incrementa la preocupación por posibles riesgos para la población.

Por otra parte, la organización CartoCrítica identificó 7.7 millones de hectáreas con potencial para actividades de explotación no convencional en México. Sus análisis también detectaron decenas de pozos donde ya se ha utilizado esta técnica, principalmente en estados del norte del país y en Veracruz.

Las organizaciones civiles insistieron en la necesidad de transparentar la información relacionada con los proyectos de extracción y de atender los pasivos ambientales que, aseguran, continúan afectando a diversas comunidades de Papantla.