Mexicali, Baja California.- El diputado local Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción por presuntos delitos de peculado, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la denuncia registrada bajo el Número Único de Caso 0202-2026-19395, las acusaciones se centran en el presunto uso de recursos públicos para mantener un esquema de seguridad personal integrado por tres elementos policiacos asignados al legislador desde hace varios años.

La querella fue promovida por el abogado Christian Deschamps, quien señaló que Molina García dispone de tres escoltas financiados con recursos públicos sin que exista una justificación conocida. Según lo expuesto, dos de los agentes pertenecen a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, mientras que el tercero forma parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

El caso será revisado por la Fiscalía Anticorrupción estatal, instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal y, en su caso, deslindar responsabilidades.

La denuncia sostiene que el legislador ha contado con protección oficial desde 2009, incluso antes de ocupar una curul en el Congreso local. Durante ese periodo, Molina García ha desempeñado diversos cargos legislativos, representando en distintos momentos al Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.

La asignación de escoltas ha generado cuestionamientos recurrentes entre organizaciones civiles, abogados y residentes del fraccionamiento donde habita el diputado. Los críticos sostienen que hasta ahora no se han dado a conocer estudios de riesgo, protocolos de seguridad o antecedentes que expliquen la necesidad de mantener un esquema de protección permanente con cargo al erario.

Desde 2025, el Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California ha manifestado públicamente su inconformidad por esta situación. El organismo argumenta que no existen elementos públicos que acrediten una condición de riesgo extraordinaria para justificar la utilización de personal policial en tareas de seguridad personal para un legislador.

Posteriormente, en febrero de 2026, la agrupación solicitó formalmente a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, la cancelación del servicio de escolta proporcionado por un agente municipal. De acuerdo con los abogados, dicha petición no recibió respuesta por parte de la autoridad municipal.

El presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, Elías Flores Gallegos, reiteró la postura del organismo respecto al uso de recursos públicos para este tipo de servicios. “El pueblo no tiene por qué pagar escoltas de ningún diputado”, expresó.

La investigación en torno al diputado Juan Manuel Molina García se encuentra en una etapa inicial. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la existencia o no de conductas constitutivas de delito relacionadas con el presunto uso indebido de recursos públicos y la asignación de personal de seguridad oficial.