Ciudad de México – El Gobierno de México informó el desmantelamiento de la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada hasta ahora en el país, una organización presuntamente dedicada a la importación ilegal y distribución de combustible procedente de Estados Unidos que habría ocasionado un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.

Entre los presuntos líderes de esta estructura se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien ya fue detenido.

El día de ayer, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, explicó que la investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), permitió identificar una compleja red integrada por estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas que operaban mediante un esquema de contrabando de hidrocarburos.

Como resultado de las indagatorias, un juez federal libró 25 órdenes de aprehensión, de las cuales ya fueron cumplimentadas varias, incluida la de Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido en Ensenada, Baja California, y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

Por su parte y durante la conferencia matutina del día de hoy realizada en Tulum, Quintana Roo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que se trata de una investigación de largo alcance que permitió desarticular una de las principales redes dedicadas al llamado “huachicol fiscal”.

“Es una investigación de más de un año; ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión. La mercancía era ingresada en territorio nacional y la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque”, afirmó.

Godoy Ramos explicó que el esquema consistía en introducir gasolina y diésel al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, ocultando el volumen real del combustible transportado en carrotanques ferroviarios.

De acuerdo con la investigación, la organización declaraba únicamente 10 por ciento de la capacidad real de cada carrotanque.

Es decir, mientras en los documentos oficiales se reportaban aproximadamente 10 mil litros, en realidad cada unidad transportaba hasta 110 mil litros de combustible, lo que permitía evadir el pago de impuestos y derechos de importación.

La fiscal señaló que la red utilizaba principalmente carros tanque de ferrocarril para movilizar el combustible desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, hasta territorio mexicano. Posteriormente, la gasolina y el diésel eran distribuidos principalmente en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas.

Las investigaciones establecieron además que las operaciones eran realizadas a través de una empresa relacionada con servicios portuarios, dragado y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo Appel, quien presuntamente desempeñaba un papel relevante dentro de la estructura criminal.

Como parte de los operativos, las autoridades localizaron decenas de carrotanques ferroviarios en Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y San Luis Potosí, considerados puntos estratégicos para la recepción y distribución del combustible ingresado de manera ilegal.

La FGR informó que inicialmente se detectó una afectación económica superior a 32.8 millones de pesos, correspondiente a uno de los principales centros de operación asegurados durante la investigación. Sin embargo, el análisis financiero permitió determinar que el daño al fisco es considerablemente mayor.

Según las indagatorias, la organización habría importado de manera ilegal 15 millones 299 mil 830 litros de combustible, utilizando 162 carrotanques ferroviarios, lo que derivó en un perjuicio fiscal estimado en más de 4 mil millones de pesos.

Las investigaciones financieras también revelaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, recursos que presuntamente fueron utilizados para financiar y ocultar las actividades ilícitas de la organización.

Asimismo, entre enero y julio de 2025, la red habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación utilizando las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas ubicadas en Tamaulipas, mediante documentación presuntamente alterada para reducir artificialmente el volumen declarado de hidrocarburos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las investigaciones sobre esta modalidad de contrabando comenzaron desde hace más de un año y se intensificaron con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República.

“La Fiscalía General de la República, desde entonces y ahora con mayor intensidad desde que llegó la fiscal Ernestina Godoy, trabajó sobre este delito. Entraban tanques de ferrocarril y no reportaban que traían diésel, sino otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos, porque el diésel tiene un impuesto que es el IEPS y si se dice que es otro producto, entonces no se paga ese impuesto. Eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal. En realidad es contrabando de combustible, porque entraba mucho más combustible de Estados Unidos a México por aduanas marítimas y terrestres”, señaló.

La mandataria federal agregó que el Gobierno de México actuará conforme al marco legal y subrayó que, en el caso de Ernesto Ruffo Appel, si cuenta con elementos para acreditar su inocencia, podrá presentarlos durante el proceso judicial.

“Si el ex gobernador de Baja California cuenta con la documentación para demostrar su inocencia, se actuará bajo el sistema de justicia mexicano”, puntualizó.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan para localizar y detener al resto de los involucrados, ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes y asegurar bienes, empresas y recursos financieros vinculados con esta presunta organización dedicada al contrabando de combustibles.