Morelia, Michoacán.- Un juez especializado en justicia para adolescentes resolvió imponer tres años de internamiento a Osmar “N”, de 15 años de edad, tras encontrarlo responsable del asesinato de dos profesoras ocurrido en marzo pasado dentro de una institución educativa de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La resolución judicial fue emitida luego de que el menor aceptara su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado autorizado por las autoridades ministeriales. Con ello, el adolescente permanecerá recluido en el Centro Integral para Adolescentes ubicado en Morelia, donde cumplirá la sanción máxima permitida por la legislación mexicana para personas de su edad.

Además de la medida de internamiento, el juzgador determinó el pago de una reparación del daño superior a los 3.2 millones de pesos, monto que deberá destinarse a los familiares de las víctimas, identificadas como María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal.

Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2026 en una escuela privada de nivel medio superior situada en el puerto de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con las investigaciones, el adolescente ingresó armado al plantel y disparó contra ambas docentes. La intervención de varios estudiantes permitió someterlo y evitar que la agresión dejara más personas lesionadas o fallecidas.

El caso generó una amplia reacción social tanto en Michoacán como en otras entidades del país debido a la gravedad de lo ocurrido dentro de un entorno escolar. Especialistas, autoridades y sectores de la sociedad civil debatieron posteriormente sobre la responsabilidad penal de los menores de edad, el acceso a armas de fuego y los mecanismos de prevención de la violencia entre adolescentes.

El expediente judicial fue integrado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que presentó las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad del menor en el doble homicidio. Tras analizar los elementos aportados durante el proceso, el juez dictó la sentencia correspondiente y ordenó el internamiento definitivo del adolescente en el centro especializado.

Con esta resolución concluye una de las etapas más relevantes del caso que conmocionó a la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas y abrió nuevamente la discusión nacional sobre los límites de las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos de alto impacto.