San Cristóbal de las Casas, Chiapas – El Poder Judicial del Estado de Chiapas presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma integral para crear el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, un mecanismo que busca fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante el establecimiento de medidas que incentiven el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La propuesta, enviada por el presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, plantea que sean inscritas en este padrón las personas que incumplan con el pago de pensiones alimenticias durante 60 días o más, ya sea de manera continua o intermitente.

De aprobarse la iniciativa, el registro permitirá expedir constancias de inscripción y de no inscripción, documentos que serán requisito para la realización de diversos trámites administrativos, el acceso a cargos públicos y otros procedimientos establecidos por la ley.

Entre los supuestos contemplados, la constancia de no inscripción será necesaria para la obtención de determinadas licencias y permisos, el registro como candidato a un cargo de elección popular, los nombramientos dentro del servicio público, la participación como aspirante a persona juzgadora y la realización de ciertos actos notariales.

La iniciativa contempla reformas al Código Civil del Estado de Chiapas, al Código de Organización del Poder Judicial y a la Ley de Derechos del Estado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos legales que promuevan el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y, al mismo tiempo, modernizar la estructura administrativa del Poder Judicial.

El proyecto también establece que la inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas podrá cancelarse una vez que la persona deudora acredite el pago total del adeudo alimentario o garantice legalmente el cumplimiento de sus obligaciones, además de prever mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades estatales y nacionales.

Como parte de la reforma, se propone la creación de la Unidad de Simplificación Administrativa y de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales, instancias que contribuirían al fortalecimiento de la gestión institucional y asumirían, entre otras funciones, la expedición de las constancias de no inscripción en el registro.

Asimismo, la iniciativa plantea una reorganización de las atribuciones del Consejo de la Judicatura, la Oficialía Mayor y diversas áreas administrativas del Poder Judicial, con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento de la institución.

De ser aprobada por el Congreso del Estado, la reforma armonizaría la legislación de Chiapas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, las reformas constitucionales conocidas como la Ley 3 de 3 contra la violencia, así como con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de constitucionalidad de los registros de personas deudoras alimentarias.