Aclara Marina del Pilar origen de llamadas y niega acuerdos con supuestos enlaces de EU
Tijuana.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las conversaciones telefónicas difundidas recientemente en redes sociales ocurrieron durante 2025 y estuvieron relacionadas con el proceso que enfrentó tras la cancelación de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos.
A través de un mensaje en video, la mandataria estatal explicó que los contactos revelados públicamente se desarrollaron mientras buscaba conocer las razones de la medida migratoria y las alternativas legales disponibles para atender el procedimiento. Según señaló, las gestiones realizadas estuvieron limitadas a ese contexto y no tuvieron otro propósito.
La funcionaria reiteró que el tema de su visa corresponde a una situación de carácter personal y sostuvo que las acciones emprendidas estuvieron encaminadas exclusivamente a entender el proceso y explorar mecanismos institucionales para resolverlo. En ese sentido, declaró: “esas conversaciones ocurrieron en el 2025 y … quiero decirlo con total claridad, como cualquier persona que enfrenta una decisión de carácter migratorio busqué conocer sus motivos y explorar las vías legales e institucionales para atender ese procedimiento, eso fue todo”.
La gobernadora también volvió a referirse a la persona que, asegura, la condujo a establecer contacto con quienes posteriormente grabaron las conversaciones. Sin mencionar nombres en esta ocasión, sostuvo que fue víctima de una estrategia con fines políticos y que dicho individuo le recomendó acercarse a quienes se presentaban como intermediarios o representantes relacionados con autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la cronología presentada por Ávila Olmeda, la comunicación con ese personaje comenzó el 18 de junio de 2025. Posteriormente se registró una primera llamada telefónica el 2 de agosto y una segunda el 22 de agosto del mismo año. Más adelante, el 15 de diciembre, tuvo lugar una reunión con quien se identificó como gestor, además de una llamada con un supuesto agente.
La mandataria rechazó cualquier insinuación sobre posibles compromisos derivados de esos contactos y aseguró que nunca proporcionó información sensible ni participó en acuerdos que comprometieran los intereses nacionales. Al respecto, enfatizó: “nunca existiría compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”.
Asimismo, desmintió versiones que apuntan a una presunta reunión en Panamá con representantes de autoridades estadounidenses. Según indicó, dicho encuentro nunca se concretó y calificó como incorrectas las afirmaciones que aseguran que esa reunión ya ocurrió.
Las declaraciones de la gobernadora surgen luego de la difusión de grabaciones que han generado cuestionamientos en el ámbito político de Baja California y han reavivado el debate sobre las circunstancias que rodearon la cancelación de su visa. Hasta el momento, la administración estatal mantiene la postura de que el asunto corresponde a un procedimiento migratorio personal y no a una investigación o situación vinculada con el ejercicio de sus funciones públicas.
Aclara Marina del Pilar origen de llamadas y niega acuerdos con supuestos enlaces de EU
Tijuana.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las conversaciones telefónicas difundidas recientemente en redes sociales ocurrieron durante 2025 y estuvieron relacionadas con el proceso que enfrentó tras la cancelación de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos.
A través de un mensaje en video, la mandataria estatal explicó que los contactos revelados públicamente se desarrollaron mientras buscaba conocer las razones de la medida migratoria y las alternativas legales disponibles para atender el procedimiento. Según señaló, las gestiones realizadas estuvieron limitadas a ese contexto y no tuvieron otro propósito.
La funcionaria reiteró que el tema de su visa corresponde a una situación de carácter personal y sostuvo que las acciones emprendidas estuvieron encaminadas exclusivamente a entender el proceso y explorar mecanismos institucionales para resolverlo. En ese sentido, declaró: “esas conversaciones ocurrieron en el 2025 y … quiero decirlo con total claridad, como cualquier persona que enfrenta una decisión de carácter migratorio busqué conocer sus motivos y explorar las vías legales e institucionales para atender ese procedimiento, eso fue todo”.
La gobernadora también volvió a referirse a la persona que, asegura, la condujo a establecer contacto con quienes posteriormente grabaron las conversaciones. Sin mencionar nombres en esta ocasión, sostuvo que fue víctima de una estrategia con fines políticos y que dicho individuo le recomendó acercarse a quienes se presentaban como intermediarios o representantes relacionados con autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la cronología presentada por Ávila Olmeda, la comunicación con ese personaje comenzó el 18 de junio de 2025. Posteriormente se registró una primera llamada telefónica el 2 de agosto y una segunda el 22 de agosto del mismo año. Más adelante, el 15 de diciembre, tuvo lugar una reunión con quien se identificó como gestor, además de una llamada con un supuesto agente.
La mandataria rechazó cualquier insinuación sobre posibles compromisos derivados de esos contactos y aseguró que nunca proporcionó información sensible ni participó en acuerdos que comprometieran los intereses nacionales. Al respecto, enfatizó: “nunca existiría compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”.
Asimismo, desmintió versiones que apuntan a una presunta reunión en Panamá con representantes de autoridades estadounidenses. Según indicó, dicho encuentro nunca se concretó y calificó como incorrectas las afirmaciones que aseguran que esa reunión ya ocurrió.
Las declaraciones de la gobernadora surgen luego de la difusión de grabaciones que han generado cuestionamientos en el ámbito político de Baja California y han reavivado el debate sobre las circunstancias que rodearon la cancelación de su visa. Hasta el momento, la administración estatal mantiene la postura de que el asunto corresponde a un procedimiento migratorio personal y no a una investigación o situación vinculada con el ejercicio de sus funciones públicas.