Caracas.- Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo de 25 años para desarrollar 17 campos petroleros con reservas estimadas en más de 65.000 millones de barriles, una operación que contempla inversiones superiores a US$100.000 millones y que ha provocado cuestionamientos por la soberanía de los recursos, la falta de información pública y la legitimidad de quienes negociaron el pacto.

Donald Trump aseguró que el convenio representa “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y afirmó que Estados Unidos obtuvo el “control mayoritario” sobre los yacimientos sin costo para los contribuyentes estadounidenses. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, confirmó posteriormente la operación y sostuvo que el país conservará la propiedad de sus recursos.

Los campos incluidos en el acuerdo concentran aproximadamente el 21,5% de las reservas probadas venezolanas. La Administración de Información Energética de Estados Unidos estima que Venezuela posee cerca de 303.000 millones de barriles de reservas, la mayor cantidad del mundo.

Rodríguez precisó que el proyecto busca desarrollar ocho bloques verdes, áreas donde ya se identificó la presencia de crudo pero que aún no han sido explotadas. La meta es superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios y aplicar regalías mínimas de 16%, además de una tasa de impuesto sobre la renta de 34%.

Según la gobernante venezolana, tomando como referencia un precio de US$65 por barril, el Estado recibiría US$209.335 millones durante la vigencia del acuerdo. “En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de US$19 ingresan directamente a nuestro país”, afirmó.

El convenio también prevé atraer la tecnología, infraestructura y capacidad financiera necesarias para recuperar la industria petrolera venezolana, deteriorada tras años de desinversión, corrupción y politización, además del impacto de las sanciones estadounidenses.

La producción de petróleo de Venezuela cayó desde más de 3 millones de barriles diarios antes de la llegada de Hugo Chávez al poder hasta alrededor de 500.000 barriles diarios en 2019, su punto más bajo en décadas. El académico Luis Pacheco estima que recuperar una capacidad cercana a los niveles de 1998 requeriría inversiones de unos US$100.000 millones durante aproximadamente ocho años.

Para Estados Unidos, el acuerdo ofrece acceso a reservas equivalentes al 141% de sus propias reservas probadas de crudo y condensado, que ascendían a unos 46.000 millones de barriles al cierre de 2024, de acuerdo con datos de la EIA.

Trump sostuvo que el acuerdo permitirá ampliar el suministro energético estadounidense y contribuir a reducir el precio de la gasolina. Marco Rubio también defendió la operación al señalar que ayudará a asegurar reservas estables y petróleo de menor costo dentro del hemisferio.

El presidente estadounidense anunció además que buscará utilizar petróleo venezolano para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que actualmente contiene menos de 300 millones de barriles, uno de sus niveles más bajos desde 1983.

Sin embargo, el alcance político y económico del acuerdo ha generado fuertes críticas dentro y fuera de Venezuela. Uno de los principales cuestionamientos es que los términos iniciales fueron anunciados sin un debate público previo ni una discusión en la Asamblea Nacional.

El economista Ricardo Haussmann criticó el entendimiento en un mensaje dirigido a Marco Rubio: “Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia”.

Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA y ex ministro de Petróleo durante el gobierno de Hugo Chávez, también rechazó el pacto y lo calificó como un acuerdo “de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera”.

La controversia aumentó después de que los primeros datos sobre los ingresos venezolanos llevaron a algunos analistas a calcular una remuneración cercana a US$3,3 por barril. Rodríguez aclaró posteriormente que esa estimación no correspondía al esquema completo y situó en cerca de US$19 el ingreso estatal por cada barril producido y vendido.

Pacheco consideró que, incluso con esa cifra, la participación de Venezuela se ubicaría en la parte baja de los estándares observados en acuerdos comparables.

También persisten dudas sobre la estabilidad futura del acuerdo debido a la situación política venezolana. Diversos críticos cuestionan que una decisión de esta magnitud haya sido negociada por Rodríguez, quien no fue elegida mediante una elección presidencial, y advierten que un eventual cambio político podría abrir la puerta a revisiones o renegociaciones.

La congresista republicana María Elvira Salazar respaldó el acuerdo, aunque cuestionó su negociación con la actual estructura de poder venezolana. “Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro no pueden ser el futuro de Venezuela (…) No se puede construir una prosperidad duradera con una dictadura. El petróleo de Venezuela debe abrirle las puertas a la libertad”, escribió.

Otros analistas advierten que una mayor relación económica entre Washington y Caracas podría modificar los incentivos de Estados Unidos respecto a una transición política en Venezuela. Geoff Ramsey, del Atlantic Council, expresó su preocupación por la posibilidad de que las inversiones terminen fortaleciendo el statu quo.

“Mi preocupación es que, cuanto más invierta Estados Unidos en el statu quo, menos incentivos tendrá para seguir impulsando una transición gradual (incluso ahora que las conversaciones empiezan a dar resultados). ¿Para qué arriesgarse a poner en peligro ‘algo bueno’?”, señaló.

A las dudas sobre soberanía y legitimidad se suma una cuestión aún sin respuesta pública: quién administrará los recursos derivados de la nueva explotación petrolera y bajo qué mecanismos de control. “Es importante saber quién va a administrar esos recursos y para qué”, advirtió Pacheco.