Guadalajara.- El Congreso de Jalisco rechazó por cuarta ocasión, este jueves 3 de septiembre de 2026, una reforma para adecuar la Ley del Registro Civil al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó establecer un trámite administrativo para que menores de edad, con autorización de sus padres o tutores, puedan rectificar sus actas de nacimiento conforme a su identidad de género.

El dictamen recibió 20 votos en contra. Movimiento Ciudadano rechazó la propuesta con sus 11 legisladores; también votaron en contra cuatro diputados del Partido Acción Nacional, tres del Partido Revolucionario Institucional y dos de los cuatro integrantes del Partido Verde Ecologista de México. Una legisladora del Partido Acción Nacional evitó participar en la votación, mientras que un diputado del Partido Verde Ecologista de México se abstuvo y otro no votó.

La iniciativa fue respaldada por los ocho diputados de Morena, así como por los tres integrantes de Hagamos y los dos de Futuro.

Mariana Casillas, diputada de Futuro, cuestionó nuevamente la decisión del Legislativo y sostuvo que la identidad constituye un derecho que no debe quedar sujeto a una consulta.

“Los derechos humanos no se someten a consulta, deben ser ejercidos. Otra vez en contra de la iniciativa, el Congreso del Estado y la derecha representada aquí decidió mantener la barrera para que niñas y niños de Jalisco puedan ejercer libremente el derecho de su identidad”, dijo.

El conflicto legislativo deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. En su resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso local debe modificar la legislación para crear un procedimiento administrativo sumario que permita rectificar actas por identidad de género autopercibida, bajo el principio del interés superior de la niñez.

La Corte también estableció que cumplir la sentencia no depende de la decisión discrecional del Congreso estatal ni de su facultad de configuración legislativa, al tratarse de una resolución constitucional de cumplimiento obligatorio.

El máximo tribunal rechazó además una solicitud de prórroga presentada por el Poder Legislativo jalisciense y advirtió sobre la posibilidad de imponer multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización si no se presentan los informes correspondientes.

El rechazo de septiembre se suma a las votaciones de octubre de 2024, marzo de 2025 y enero de 2026, cuando el Congreso de Jalisco tampoco aprobó los cambios solicitados.

Pese a la resistencia legislativa, el reconocimiento de la identidad de género en documentos oficiales ya se realiza en Jalisco desde finales de 2020, cuando el entonces gobernador Enrique Alfaro emitió un decreto que permitió efectuar estas rectificaciones.

Datos del Registro Civil señalan que entre 2020 y 2023 se efectuaron mil 708 trámites de rectificación de identidad. Cerca de 300 correspondieron a menores de edad que acudieron acompañados por sus tutores y 33 fueron registros de personas no binarias.

Durante la sesión, el diputado Enrique Velázquez, de Hagamos y uno de los promotores del cumplimiento de la resolución judicial, también cuestionó la conducción de la sesión por parte de la presidencia de la mesa directiva.

Velázquez rechazó los argumentos utilizados por quienes se oponen a la reforma y aclaró que el procedimiento planteado no implica modificaciones físicas.

“No es un asunto de transformarse ni de cirugías como sostienen quienes se oponen; el fallo busca únicamente garantizar que la documentación administrativa coincida con la identidad autopercibida para evitar situaciones de discriminación y exclusión social”, enfatizó.