Ciudad de México – Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, dentro del juicio de amparo 889/2026, promovido contra la resolución que le negó la posibilidad de cumplir en su domicilio la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la determinación no significa que haya quedado en libertad ni que pueda abandonar de inmediato el penal federal del Altiplano.

De acuerdo con la precisión difundida por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), los efectos de la suspensión consisten en que Ruffo quede “a disposición” del órgano jurisdiccional que concedió el amparo, en el lugar donde se encuentra internado, únicamente por lo que se refiere a su libertad. Para la continuación del procedimiento penal, seguirá a disposición de la autoridad judicial que corresponda.

La resolución fue emitida por la jueza Azucena Lazalde Iñiguez, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

El asunto está relacionado con la decisión adoptada el pasado 19 de julio por una jueza de control, quien impuso a Ruffo la prisión preventiva y rechazó que ésta fuera cumplida en su domicilio.

Ruffo Appel, de 74 años, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, desde julio pasado. Su defensa ha promovido recursos legales para modificar las condiciones de la prisión preventiva y permitirle continuar su proceso bajo resguardo domiciliario.

El ex mandatario enfrenta un proceso penal relacionado con presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación por el denominado “huachicol fiscal”.

Las acusaciones forman parte de un proceso que continúa en los tribunales y respecto del cual Ruffo mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Por ahora, la suspensión no implica una salida automática del Altiplano. Los alcances concretos de la medida y cualquier eventual modificación de las condiciones de su prisión preventiva corresponden a las autoridades judiciales competentes.