Ciudad de México – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa.

La medida fue informada el martes 29 de septiembre, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara a 21 personas y 25 empresas relacionadas, según el gobierno estadounidense, con actividades del grupo criminal y redes de corrupción en Baja California.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las operaciones de una facción identificada como Los Rusos, vinculada a Los Mayos.

La autoridad estadounidense también señaló que habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, ex director de Seguridad Pública de Mexicali, presuntamente a cambio de permitir las actividades del grupo criminal. Estos señalamientos corresponden a las acusaciones formuladas por Estados Unidos y no constituyen por sí mismos una sentencia judicial.

La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyó a 46 personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas después de analizar información financiera y detectar, entre algunos de los sujetos señalados, operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

La incorporación a esta lista constituye una medida preventiva y no determina por sí misma responsabilidad penal.

En tanto, Marina del Pilar informó que está legalmente divorciada de Torres y señaló que el único interés que actualmente comparten es el bienestar de su hijo. También precisó que no aparece entre las personas sancionadas por OFAC y que su gobierno revisará si las empresas señaladas por Estados Unidos tuvieron contratos con la administración estatal.

Por su parte, Carlos Torres negó cualquier relación con grupos o actividades criminales, dentro o fuera de México, ante los señalamientos del gobierno estadounidense