Mexicali, Baja California.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, ordenó revisar los contratos que el Gobierno estatal haya celebrado con empresas incluidas recientemente en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y turnar los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La instrucción fue dirigida a la Oficialía Mayor del Estado para identificar posibles vínculos contractuales y entregar la documentación a las autoridades de control, luego del señalamiento emitido por la dependencia estadounidense. El objetivo, explicó el gobierno estatal, es determinar si existió alguna irregularidad o riesgo operativo y patrimonial.

Marina del Pilar sostuvo que los procedimientos de contratación deben analizarse conforme a las condiciones jurídicas vigentes cuando fueron celebrados. “El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control. Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”.

Como medida preventiva, la mandataria también estableció que las personas físicas o morales señaladas por autoridades mexicanas o extranjeras por presuntas actividades criminales no podrán convertirse en proveedoras del Gobierno de Baja California mientras no esclarezcan formalmente su situación jurídica ante las instancias competentes.

La administración estatal precisó que los contratos relacionados con seguridad pública correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica. También aseguró que la custodia y administración de los sistemas y bases de datos permanecen bajo responsabilidad del personal autorizado de las corporaciones estatales, por lo que descartó una vulneración de la información ciudadana.

Respecto de la Fiscalía General del Estado, el gobierno señaló que ese organismo cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa, por lo que sus procedimientos de adquisición y resguardo documental corresponden a sus propias atribuciones. “Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, afirmó la gobernadora.